Las organizaciones indígenas nacionales representativas de los pueblos indígenas del Perú —la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP)— manifestamos nuestro absoluto rechazo y condena ante la creciente ola de asesinatos y sicariato que siembra terror y desasosiego en las comunidades y en los espacios urbanos. Esta violencia, lejos de ser un fenómeno aislado, tiene la complicidad directa y la protección del gobierno indolente de Boluarte que ampara y protege a las organizaciones criminales, mientras vulnera nuestros derechos y abandona a la ciudadanía a su suerte.
Las comunidades indígenas conocemos el dolor de cerca. Por décadas, hemos visto caer a nuestros defensores y defensoras, víctimas de balas y amenazas provenientes de extractivistas ilegales que invaden y devastan los territorios ancestrales, actuando bajo el manto de la impunidad y el silencio cómplice del Estado. A esta violencia estructural, que no cesa, se suma ahora una escalada criminal que alcanza también a los sectores urbanos, afectando a transportistas, comerciantes, artistas y emprendedores que viven aterrorizados por redes de extorsión y sicariato que operan libremente sin que las autoridades actúen con la firmeza y justicia que la gravedad de la situación demanda.
La falta de políticas públicas claras, la ausencia de una respuesta efectiva y la incapacidad técnica y de gestión del Estado para frenar esta vorágine de violencia ponen en evidencia un abandono total de la seguridad ciudadana. Mientras los grupos de poder guardan silencio cómplice ante esta realidad, el costo de la vida de un chofer, un comerciante o un emprendedor parece no importar. ¿Por qué no los tocan? ¿por qué sus vidas no valen para quienes detentan el poder? Por el contrario, el Estado despliega miles de policías para reprimir con violencia brutal, gases lacrimógenos, golpes, detenciones arbitrarias y amenazas a quienes se atreven a protestar y exigir justicia. Esta desproporción no es solo una falla, es la expresión clara de una dictadura que prioriza la represión y la protección de intereses criminales antes que la vida y la seguridad de su pueblo.
Nosotros, los pueblos indígenas, jóvenes y gremios organizados, exigimos la vigencia plena de los derechos humanos y el fin inmediato de la impunidad que sostiene al crimen organizado en todos sus niveles y articulaciones, incluso aquellas que comprometen a instituciones y autoridades. La denominada Generación Z y los sectores sociales que alzan su voz merecen todo nuestro respeto y respaldo por su lucha incansable contra esta injusticia.
Frente a esta crisis de seguridad, política y social que atraviesa tanto los territorios comunales como la ciudad, exigimos:
1. Solidaridad, acompañamiento total y reparación a las familias, gremios y comunidades afectadas por los asesinatos de conductores de transporte urbano y otros trabajadores. Además, exigimos a las autoridades investigar y sancionar con rigor a los responsables y sus cómplices.
2. Que las empresas y empleadores brinden asistencia y respaldo a las familias de las víctimas conforme a la ley.
3. El cese inmediato de la criminalización de la protesta social y la violencia estatal contra quienes ejercen su derecho legítimo a manifestarse en las calles.
4. Justicia para las y los ciudadanos quechuas y aymaras fallecidos en las protestas de 2022 y 2023, con sanciones políticas y penales para quienes ordenaron y ejecutaron violaciones a los derechos humanos.
5. Medidas inmediatas y urgentes para desarticular las organizaciones criminales que operan en los territorios indígenas y en las ciudades.
Las organizaciones nacionales representativas de los pueblos indígenas reafirmamos nuestro compromiso de mantenernos vigilantes y movilizados, exigiendo el respeto pleno de los derechos fundamentales, tanto generales como aquellos que nos corresponden por derecho de origen, garantizados en nuestra Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Exigimos al Estado que termine la complicidad con la delincuencia, que detenga la impunidad y proteja la vida de todas las personas. Así como la urgente implementación de políticas y planes de seguridad efectivos para la defensa de los ciudadanos y las comunidades campesinas y nativas.
¡NO PERMITIREMOS QUE SIGAN VULNERANDO LA LIBERTAD, LA PAZ Y LA DIGNIDAD DE NUESTRO PUEBLO!
¡NO MÁS CRÍMENES NI EXTORSIONES!
¡NO MÁS IMPUNIDAD!
