Organizaciones indígenas advierten que los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) están siendo amenazados por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Gobierno Regional de Loreto (GOREL).
En una carta dirigida a los representantes de los países firmantes de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), al NICFI, al KfW Banco de Desarrollo Alemán, al Banco Mundial, al GCF Task Force y a las Naciones Unidas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Plataforma PIACI (ORPIO, ORAU, FENAMAD, ARPI-SC, COMARU y CORPIAA) denunciaron que dichas entidades estatales están impulsando medidas que desconocen las obligaciones legales del Estado y ponen en riesgo la vida de los pueblos indígenas aislados. En ese sentido, la misiva solicita suspender el envío de fondos climáticos al Estado peruano hasta que deje de vulnerar los derechos fundamentales de los pueblos más vulnerables del planeta.
“Estas acciones de los mencionados sectores del Estado responden a intereses económicos vinculados a la explotación de recursos naturales en territorios de alta biodiversidad, invisibilizando el derecho de los PIACI a vivir en aislamiento voluntario y generando escenarios de etnocidio”, desca la comunicación oficial.
En la carta se destaca un hecho grave ocurrido durante el proceso de creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, en Loreto. Después de 22 años de trámites burocráticos y estudios antropológicos, durante la última sesión de la Comisión Multisectorial PIACI, diversos sectores desaprobaron de manera arbitraria la creación de la reserva, dejando a los pueblos indígenas en aislamiento en un estado de indefensión frente a las amenazas externas y sin la protección de sus territorios de supervivencia.
Cabe señalar que el día de la sesión de la citada comisión, el MIDAGRI y el GOREL votaron contra la aprobación del Estudio Adicional de Categorización (EAC) de la Reserva Indígena Yavarí Mirim; mientras que los representantes de MINAM decidieron ausentarse de la reunión, abandonando la oportunidad para respaldar la creación de la reserva y dejando claro indirectamente su posición institucional de no estar a favor de la creación de las Reservas PIACI. Dicha desaprobación se trata de un acto ilegal e inconstitucional.
Algo contradictorio es que los mismos sectores del Estado que impidieron la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim reciben significativos fondos económicos de las mencionadas entidades internacionales en el marco de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los representantes de estos ministerios (MIDAGRI, SERFOR y MINAM) y del GOREL han realizado acciones orientadas a desconocer los derechos fundamentales de los PIACI, a fin de favorecer derechos económicos y la explotación de recursos naturales en sus territorios de vida, vulnerando los derechos de estos pueblos y avalando formas históricas de genocidio.
Asimismo, el día de la sesión de la Comisión PIACI, el GOREL incluyó de manera irregular al congresista Juan Carlos Mori Celis, autor del nefasto Proyecto de Ley N.° 12215/2025-CR, que busca modificar la Ley PIACI y desmantelar el sistema de protección existente al facultar al propio Congreso y a una nueva “Comisión Especial Revisora” para que puedan anular, recortar o extinguir a todas las reservas indígenas y territoriales establecidas a favor de los PIACI, así como revocar los reconocimientos formales de la propia existencia de los pueblos indígenas aislados.
Para las organizaciones indígenas, este acto evidencia intereses políticos y económicos orientados a obstaculizar la creación de la reserva Yavarí Mirim, impedir la creación de otras solicitudes de reservas en curso y extinguir las reservas ya creadas en la región.
En la carta, se alerta que estas acciones contravienen la Constitución Política del Perú, la Ley N.° 28736 para la protección de los PIACI, así como tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.
“El incumplimiento de estas normas configura un escenario de vulneración sistemática de derechos humanos que puede derivar en responsabilidad internacional para el Estado peruano”, advirte la misiva.
Por su parte el presidente de AIDESEP, el apu Jorge Pérez, cuestionó el papel de los sectores extractivos dentro de los procesos oficiales: “en la Comisión Multisectorial, sectores encargados de la minería, petróleo y concesiones forestales bloquean la creación de reservas, impidiendo proteger a los PIACI y la biodiversidad de la que dependen”.
Ante esta situación, las organizaciones indígenas pidieron a los países e instituciones que financian programas como la DCI, el Programa de Fomento y Gestión Sostenible de la Producción Forestal en el Perú y el Programa Amazonía Viva que suspendan todo financiamiento climático a MIDAGRI, SERFOR, MINAM y GOREL hasta que garanticen públicamente el respeto de los derechos de los PIACI.
También pidieron que condicionen su cooperación a la creación de las reservas indígenas solicitadas (Yavarí Mirim, Napo Tigre, Atacuari, Pupuña y Tamaya – Abujao) y la intangibilidad de las reservas PIACI ya existentes, y exijan el cese inmediato de cualquier iniciativa administrativa o legislativa que debilite la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.
Llamado a la opinión pública
Finalmente, AIDESEP y las organizaciones indígenas firmantes hicieron un llamado a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes. “Proteger a los PIACI es un imperativo ético, jurídico y ambiental que el Estado peruano no puede seguir evadiendo”, señala el pronunciamiento.
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