A 19 años de la promulgación de la Ley N.° 28736, que establece el régimen de protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), las organizaciones indígenas de Perú y Brasil advirtieron que persisten serias brechas en su implementación.
La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) alertaron que los riesgos para los PIACI se agravan por el avance de la deforestación y las actividades extractivas, tanto legales como ilegales.
A ello se suma una narrativa de negación de su existencia, impulsada por intereses que buscan debilitar la protección de sus territorios. Esta situación, advirtió Jorge Pérez, presidente de AIDESEP, se agrava por la débil respuesta del Estado, lo que deja a los pueblos en aislamiento en mayor vulnerabilidad.
Frente a este escenario, se desarrolló la conferencia “A 19 años de la Ley PIACI: balance y desafíos”, realizada el 26 de agosto a las 9:00 a. m. en el Anfiteatro Armando Zolezzi de la Facultad de Derecho de la PUCP, en Pueblo Libre.
El encuentro reunió a dirigentes indígenas de Perú y Brasil, especialistas técnicos de las organizaciones, representantes de la sociedad civil y del Estado, quienes coincidieron en que, pese a algunos avances normativos e institucionales, la débil articulación del Régimen Especial Transectorial (RET) y la Comisión Multisectorial PIACI mantiene en riesgo la protección de los pueblos en aislamiento.
“El movimiento indígena con sus luchas viene siendo perseguido por el Estado peruano, ustedes deben escuchar las incidencias y las problemáticas que venimos trabajando (…) para que sean parte de esta gran lucha, porque nuestros hermanos en aislamiento no pueden defenderse por sí mismos”, declaró Pablo Chota, coordinador político del Programa PIACI de ORPIO.
El dirigente advirtió que en Loreto los territorios de pueblos aislados están presionados por concesiones y actividades ilegales. Señaló además que la Reserva Yavarí Mirim se encuentra seriamente amenazada por la tala ilegal.
Chota cuestionó la demora de la Comisión Multisectorial PIACI, que sigue postergando decisiones críticas como la categorización de reservas. “Nosotros levantamos la voz por los hermanos en aislamiento, mientras el gobierno niega su existencia”, agregó.
Los datos presentados por el asesor legal de ORPIO, Héctor Rodríguez, fueron contundentes. En el corredor territorial Yavarí–Tapiche, en Loreto, se perdieron 31,840 hectáreas de cobertura boscosa entre 2021 y 2024. Solo en 2025 se han registrado 137,167 alertas de deforestación (del 1 de enero al 9 de agosto). Estas cifras confirman la presión creciente sobre zonas de presencia PIACI.
El RET y sus límites
En el balance también se resaltó el papel del Régimen Especial Transectorial (RET), mecanismo establecido por la Ley PIACI para articular la acción de distintos sectores del Estado bajo la rectoría del Ministerio de Cultura. Su objetivo es coordinar medidas de protección como la creación y categorización de reservas indígenas.
Desde el propio Estado, la directora de la Dirección de PIACI (DACI) del Ministerio de Cultura, Paola Bárriga, reconoció las dificultades para implementar plenamente la protección a los pueblos en aislamiento.
“El Régimen Especial Transectorial (RET) funciona con las coordinaciones entre sectores para lograr que todos cumplan sus competencias, y esto no es fácil. Esta articulación requiere un gran esfuerzo”, señaló.
Explicó que el Ministerio de Cultura es el ente rector, pero no puede actuar solo. En temas de salud, por ejemplo, coordina con el Ministerio de Salud para garantizar cordones sanitarios en comunidades cercanas a los PIACI. Frente a amenazas externas, articula con los Ministerios del Interior y Defensa.
Respecto a la Comisión Multisectorial PIACI, se señaló que allí confluyen sectores estatales, gobiernos locales, organizaciones indígenas y la academia, con el fin de evaluar la creación de reservas indígenas. Sin embargo, se reconoció que en este espacio surgen tensiones debido a intereses como concesiones forestales o extractivas, lo que vuelve más complejo el proceso.
Para las organizaciones indígenas, la implementación del RET sigue siendo insuficiente. “Los pueblos indígenas no pueden asumir la responsabilidad del Estado”, advirtió Silvana Baldovino, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
En la misma línea, la antropóloga Beatriz Huertas recalcó la necesidad de fortalecer la institucionalidad para evitar que la inacción derive en un escenario de exterminio. Recordó que la lucha por las reservas indígenas se remonta a los años 80, cuando AIDESEP y organizaciones regionales impulsaron la creación de las primeras reservas territoriales.
Décadas después, cinco solicitudes siguen pendientes, evidenciando la resistencia de sectores económicos y la vulnerabilidad política que pone en riesgo su plena implementación.
Desde Madre de Dios, Luis Felipe González Celis, asesor técnico de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), subrayó la gravedad de la situación en su región.
“Los pueblos indígenas vienen siendo afectados por actividades extractivas, los ríos merman y eso hace que sea más factible el ingreso del narcotráfico. Hay mucha demora en la categorización de la reserva de Madre de Dios (…) va más de 10 años”.
El encuentro también puso en relieve la importancia de los corredores territoriales como escudos de protección para los PIACI, a partir de experiencias en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Estas iniciativas, lideradas por las organizaciones indígenas, buscan frenar la fragmentación de los bosques y reforzar la defensa de los territorios en riesgo.
“El negacionismo no nace en las comunidades, sino en los intereses que lucran con la tala, la minería ilegal y el narcotráfico. El Estado no puede seguir siendo cómplice pasivo de esta tragedia”, concluyó Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDESEP.
