Existen 150 inscripciones en el Reinfo. De estas, 49 siguen vigentes (47 en El Cenepa y 2 en el Río Santiago) y 101 figuran como suspendidas.
El pueblo Awajún enfrenta una grave crisis territorial y ambiental por el avance imparable de la minería ilegal.
La reciente nota de Mongabay Latam, publicada el 5 de junio de 2025, documenta esta situación y aborda las demandas de sus autoridades en Lima, donde exigieron una respuesta urgente del Estado.
Este pueblo indígena habita una extensa región de la Amazonía, que abarca unos tres millones de hectáreas en los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín y Cajamarca.
Allí viven cerca de 70 000 personas, organizadas en 488 comunidades. En este territorio, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) denuncia la permisividad del Estado ante la expansión de actividades extractivas ilegales.
Uno de los principales focos de crítica es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que busca registrar a mineros informales en proceso de legalización, permitiéndoles continuar con sus actividades mientras cumplen los requisitos.
Sin embargo, para el GTAA, este sistema está siendo utilizado para blanquear actividades ilegales que continúan operando con impunidad.
Gil Inoach Shawit, pamuk del GTAA, señala que el Reinfo ha funcionado como “un invento perfecto para encubrir una actividad ilegal”.
Según datos citados por Mongabay, en la provincia de Condorcanqui hay 150 inscripciones en el Reinfo. De estas, 49 siguen vigentes (47 en El Cenepa y 2 en el Río Santiago) y 101 figuran como suspendidas.
Sin embargo, representantes indígenas aseguran que muchas de esas operaciones continúan destruyendo el bosque y los ríos, incluso en zonas consideradas suspendidas.
La expansión de esta minería —que afecta zonas clave como los ríos Cenepa, Santiago, Comaina y Marañón, así como la Cordillera del Cóndor— se ha visto facilitada por la falta de fiscalización efectiva.
En esta última zona, por ejemplo, se identificaron al menos 11 permisos mineros inscritos en el Reinfo. Además, Mongabay, documentó la presencia activa de al menos 80 dragas y 11 excavadoras operando en los ríos y quebradas del territorio awajún.
El pámuk Inoach fue enfático durante su visita a Lima: “No es posible que la Amazonía esté esclavizada para generar economía para grandes poderes y para los pueblos indígenas no quede nada”.
La crisis no es solo ambiental, sino también política y estructural, y requiere una transformación profunda del modelo de intervención estatal, añadió.
Amenazas, abandono estatal y economías ilegales
La expansión minera ha traído consigo una escalada de amenazas y violencia en las comunidades. Más de 20 personas han sido amenazadas por denunciar estas actividades en los distritos de El Cenepa y Río Santiago.
Entre junio de 2019 y mayo de 2025, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró 26 casos de riesgo contra defensores awajún.
Esta situación de vulnerabilidad se agrava por el abandono estatal. Como advierte Ana Leyva, abogada especializada en temas mineros ambientales, las comunidades han resistido por años, pero lo han hecho solas.
Frente a la ausencia de alternativas y respaldo institucional, los grupos ilegales han ido ganando terreno. “Terminan acomodándose, porque, en realidad, ¿qué otra opción real hay?”, reflexiona la especialista a Mongabay.
A la minería ilegal se suma la presencia de redes criminales transfronterizas. Micaela Impi Ismiño, vicepresidenta del GTAA, denuncia que muchos mineros están vinculados al narcotráfico.
Además, organizaciones como los Choneros de Ecuador ya operan en el territorio Awajún, a veces en complicidad con los mineros.
Además del daño ambiental visible, como la contaminación de ríos y destrucción de quebradas aún intactas, preocupa la creciente cercanía de estas actividades a zonas pobladas.
Impi Ismiño también alerta que estos grupos se aprovechan de la falta de alternativas económicas en las comunidades, facilitando así la entrada y permanencia de economías ilegales en territorios vulnerables.
Frente a esta realidad, el GTAA no solo denuncia, sino que también propone construir una relación de trabajo con el Estado basada en el respeto a la autonomía territorial y al enfoque intercultural.
“A eso le llamamos trabajar articuladamente con el Estado: para que su política llegue eficientemente a los rincones donde estamos asentados el pueblo Awajún y nuestras comunidades”, afirmó el pámuk Inoach.
La demanda central del GTAA es detener la minería ilegal y reformular el proceso de formalización para cerrar los vacíos que permiten la infiltración de actores ilegales.
Además, exigen protección efectiva para los defensores indígenas y alternativas económicas sostenibles para las comunidades. Solo así se podrá frenar el avance de estas amenazas y construir una respuesta real desde el Estado.
Asimismo, desde AIDESEP y los Gobiernos Territoriales Autónomos, nuestras demandas frente a la destrucción minera en la Amazonía son firmes.
En particular, en la sexta demanda exigimos la cancelación del Reinfo, pues este mecanismo ha demostrado ser una farsa que facilita la permanencia de actividades ilegales bajo apariencia de formalidad.
Fuente: “La resistencia del pueblo awajún llegó a Lima: reclaman al Estado por el avance de la minería ilegal y las amenazas a 20 defensores”, publicado el 5 de junio por Mongabay Latam: https://es.mongabay.com/2025/06/resistencia-pueblo-awajun-avance-mineria-ilegal-amenazas-defensores-peru/
