La urgencia está en los territorios. Pero el dinero sigue atrapado en las capitales.
Mientras las comunidades indígenas en el Perú y el mundo ya enfrentan inundaciones, olas de calor, incendios y sequías fuera de control, los Estados y organismos multilaterales todavía hablan de “estrategias nacionales”, “mecanismos institucionales” y “planes de preparación” que, en el mejor de los casos, tardan años en implementarse y, en el peor, nunca llegan a las poblaciones que más los necesitan.
En este contexto, entender cómo se financia la adaptación climática global no es solo un tema técnico o para expertos. Es una herramienta clave para defender derechos, impulsar cambios urgentes y lograr que los recursos lleguen a donde realmente se necesitan: a las comunidades que están en la primera línea frente a la crisis climática. Es decir, hacia las comunidades indígenas que protegen los bosques y sostienen la vida.
¿Qué es el financiamiento para la adaptación?
En teoría, son recursos para hacer frente a impactos climáticos como lluvias extremas, sequías, erosión o incendios. Pero en la práctica, mucho de ese dinero termina perdido entre consultores, licitaciones y estructuras estatales lentas o corruptas.
El artículo “10 preguntas para entender la financiación de la adaptación” publicado en el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) de Brasil lo deja claro: el financiamiento sirve para reforzar infraestructuras, crear cultivos resistentes, ampliar redes de protección social o mejorar el acceso a información climática.
“Se utiliza, por ejemplo, para ayudas en dinero, alimentos o seguros que faciliten la recuperación ante desastres climáticos; o mejorar el acceso a la información climática para una mejor gestión de riesgos”, añade el artículo.
Todo eso suena bien, pero ¿Quién define las prioridades?
¿Quién decide dónde y cómo se usa ese dinero?
El gran problema no es solo la falta de financiamiento —aunque también es grave—, sino que el dinero que existe no llega a los pueblos indígenas ni se basa en sus planes de vida, propuestas territoriales o estructuras propias de gobernanza.
¿Cuánto se necesita y cuánto hay?
El Informe sobre la Brecha de Financiamiento para la Adaptación 2024 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que los países en desarrollo necesitan hasta 387.000 millones de dólares por año hasta 2030 para adaptarse al cambio climático. Y Climate Policy Initiative (CPI) estima que solo se están movilizando unos 68.000 millones por año, y de ese total, apenas una fracción mínima va a los pueblos más vulnerables.
Entre 2016 y 2022, los países de bajos ingresos —donde están muchos pueblos indígenas— recibieron menos del 10% del financiamiento climático canalizado por países ricos. Es decir: quienes menos contaminan y más sufren, son quienes menos recursos reciben.
Y hay más: el 90% de este financiamiento sigue viniendo de fuentes públicas, lo que muestra que el sector privado apenas se involucra, porque —como reconoce el propio artículo de WRI de Brasil: “los beneficios sociales amplios no siempre generan retornos financieros directos”.
En otras palabras, mientras muchas empresas hablan de sostenibilidad, en la práctica todavía aportan muy poco —o nada— para apoyar la resiliencia de los territorios que más lo necesitan.
¿Por qué no llega a las comunidades?
Gaia Larsen, Carter Brandon, Rebecca Carter y Natalia Alayza de WRI Brasil sostienen que los países más frágiles, pobres o inestables suelen tener menos acceso al financiamiento climático, a pesar de ser los que más lo necesitan.
Esta misma lógica se aplica a las comunidades indígenas: no es que falten propuestas o necesidades urgentes, sino que el sistema de financiamiento está pensado para otros actores —como ministerios o grandes ONG— que sí pueden cumplir con los requisitos técnicos, legales y burocráticos que se exigen.
Así, mientras en los territorios ya se viven las consecuencias del cambio climático, los fondos siguen lejos de quienes los necesitan con más urgencia.
El nueva propuesta: “financiamiento para pérdidas y daños”
Un nuevo concepto ha ganado fuerza en las negociaciones climáticas: el de “pérdidas y daños”, que se refiere a impactos que van más allá de lo que se puede prevenir o adaptar. Es decir, las catástrofes que ocurren a pesar de las inversiones en resiliencia.
“Están estrechamente relacionados, ya que ambos buscan ayudar a las comunidades a enfrentar los costos asociados a los impactos del clima”, describen Larsen, Brandon, Carter y Alayza .
Añade que la diferencia no está en el objetivo, sino en el momento: mientras la adaptación busca prevenir, el financiamiento por pérdidas y daños se activa después del desastre.
Aunque esto podría abrir una vía para nuevas compensaciones, también puede ser una trampa. Porque si se siguen canalizando estos fondos a través de los Estados, nada garantiza que lleguen a las víctimas reales. Por eso, cualquier discusión sobre “pérdidas y daños” debe incluir mecanismos directos hacia comunidades, sin pasar por la burocracia estatal.
Y sobre todo, debe reconocerse que muchos de esos daños son evitables, si los pueblos tuvieran acceso a financiamiento para prevenir, resistir y decidir. La mejor estrategia frente a las pérdidas es un financiamiento oportuno, directo y con autonomía.
¿Qué viene ahora y qué hay que exigir?
La próxima COP 30, que se realizará en Belém do Pará, es un momento clave. Se debatirá la hoja de ruta para llegar a 1,3 billones de dólares en financiamiento climático hasta 2035, y se definirán indicadores para evaluar el avance de la llamada “Meta Global de Adaptación” (Global Goal on Adaptation, en inglés), un objetivo establecido en el Acuerdo de París de 2015 que busca aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático.
¿Dónde está el riesgo? En que estos compromisos vuelvan a perderse entre “planes nacionales”, “estrategias sectoriales” y discursos vacíos. Por eso, desde ahora, los pueblos indígenas deben exigir el acceso directo a los fondos de adaptación y de pérdidas y daños, sin la obligación de pasar por la intermediación estatal.
Además, es fundamental que se reconozca legalmente a sus gobiernos territoriales autónomos como entidades aptas para recibir y ejecutar financiamiento climático. También es urgente reformar los mecanismos multilaterales —como el Fondo Verde para el Clima— para que acepten propuestas basadas en planes de vida indígenas, y no solo en marcos técnicos impuestos desde fuera.
No se trata solo de dinero, sino de poder
Desde AIDESEP, creemos que el financiamiento para la adaptación no debe seguir concentrado en el Estado, lo que se necesita es que estos recursos realmente lleguen a donde hacen falta: a los territorios y a las comunidades que ya están enfrentando los efectos del cambio climático.
Para nosotros, el financiamiento debe servir para fortalecer la autonomía indígena, cuidar los bosques y proteger la vida en medio de esta crisis. Ya no basta con esperar que el Estado actúe. La respuesta está en los territorios. Y la demanda es clara: financiamiento directo, sin tutelas, sin demoras, sin trampas.
Este artículo ha sido elaborado por AIDESEP como un análisis crítico y contextual desde la perspectiva indígena sobre el financiamiento climático, tomando como referencia el artículo “10 preguntas para entender la financiación de la adaptación”, publicado el 27 de mayo de 2025 por Gaia Larsen, Carter Brandon, Rebecca Carter y Natalia Alayza, del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) de Brasil. https://goo.su/wxM9Wz
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