En una reciente nota del diario La República, se confirmó que al menos 48 comunidades indígenas amazónicas de nueve regiones del país están siendo directamente afectadas por la minería ilegal.
A esta preocupante cifra se suman otras regiones gravemente afectadas por la minería ilegal, como La Libertad —especialmente en la convulsionada provincia de Pataz— así como Ica y Arequipa.
La minería ilegal genera entre 6 y 7 mil millones de dólares anuales, sostiene el fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), para La República.
Esta cifra superaría con creces las ganancias del narcotráfico, evidenciando la magnitud e impacto económico de esta actividad ilícita en el país.
Conservación Amazónica (ACCA) ha documentado la expansión de la minería ilegal en ríos, bosques y territorios indígenas de Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Amazonas, Huánuco, Pasco, Cajamarca, Cusco y Puno.
Este avance genera grave degradación ambiental y aumenta la inseguridad para las comunidades amazónicas, que enfrentan además el control violento de mafias armadas.
En Madre de Dios, solo entre 2021 y 2024 se han deforestado más de 30 mil hectáreas por minería aurífera, siendo las comunidades de San José de Karene, Barranco Chico y Tres Islas algunas de las más afectadas.
En Loreto, este 2025 se han identificado dragas en 12 ríos y su impacto alcanza al menos 20 comunidades indígenas en zonas como Yaguas, Pacaya Samiria y Allpahuayo Mishana.
En Ucayali, durante 2024 se registró por primera vez mediante imágenes satelitales la presencia de dragas en la cuenca del río Aguaytía. Para 2025, se han descubierto nuevas áreas de actividad minera en el distrito de Callería.
En Amazonas, se identificó más de 60 dragas operando en los ríos Cenepa y Santiago. En total, ocho comunidades indígenas —dos Wampís y seis Awajún— han resultado afectadas por esta actividad ilegal.
También en Cusco, la minería avanza en concesiones próximas a la reserva comunal Amarakaeri, mientras que en Puno, la cuenca del río Inambari presenta 939 hectáreas impactadas.
La situación es alarmante también en Huánuco, donde el foco minero en la zona de El Sira afecta comunidades como Tsirotzire y Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo.
Aunque la minería ilegal también ha alcanzado regiones de la sierra como Cajamarca, Pasco, La Libertad o Arequipa, el nivel de devastación ambiental, riesgo sanitario y criminalidad en los territorios amazónicos es severo y acelerado.
Como señala Karina Garay, extitular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y actual vocera del Observatorio de Minería Ilegal, en los últimos cinco años, la minería ilegal en Perú ha crecido de forma alarmante.
Este crecimiento es impulsado por el alza del precio del oro, la crisis económica en sectores vulnerables y la débil respuesta del Estado.
Asimismo, advierte que el proceso de formalización, en lugar de ordenar la pequeña minería y la artesanal, ha facilitado la expansión de la minería ilegal, agravando la inseguridad y el crimen en varias regiones.
Demandas de los pueblos indígenas frente a la destrucción minera
La minería ilegal avanza sin tregua. Mientras el mercurio contamina los ríos y las mafias armadas controlan territorios con violencia, la respuesta del Estado sigue siendo débil y tardía.
Frente a esta crisis, las organizaciones indígenas y los Gobiernos Territoriales Autónomos han planteado una agenda urgente.
Exigen la cancelación del REINFO, que hoy encubriría actividades ilegales; una moratoria a nuevas concesiones en territorios sin consentimiento; y operativos sostenidos en los distritos y ríos tomados por la minería ilegal.
También se exige la destitución de funcionarios coludidos, el retiro inmediato de empresas como First Quantum y Hannas Metal —rechazadas por los pueblos del Datem del Marañón y Tabalosos—, y el respeto a la autonomía territorial indígena.
Además, se propone una bioeconomía que reemplace el abandono estatal que hoy favorece esta actividad ilegal.
Finalmente, piden a la comunidad internacional dejar de comprar oro vinculado al crimen organizado y activar mecanismos globales de fiscalización.
