En un video difundido el lunes 14 de abril por Cuencas Sagradas, Jacob Espinar Tserem, presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (FIAAP), alertó sobre el fallecimiento de menores de edad y el deterioro generalizado de la salud en comunidades indígenas del Datem del Marañón, Loreto.
Esto ocurre como consecuencia del derrame de petróleo registrado el 3 de octubre de 2024 en el Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, en la misma región. El crudo vertido alcanzó las aguas del río Pastaza, principal fuente de agua, alimentación y vida para los pueblos Achuar y Kichwa que habitan en sus márgenes.
Desde aquel día, lo que era una tragedia ambiental se ha transformado en una crisis sanitaria. De acuerdo con Espinar Tserem, al menos 12 personas han fallecido, entre ellas 6 niños y 5 adultos, debido a las complicaciones derivadas de la contaminación del agua y la falta de atención médica.
El derrame de petróleo afectó a once comunidades indígenas de los pueblos kichwa y achuar. Créditos: Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte.
La más reciente víctima es Esmi Butuna, una niña de 10 años de la comunidad de Siwin, quien murió el 8 de abril mientras era evacuada hacia el centro de salud de San Lorenzo.
“Cuando no había ese derrame, nosotros vivíamos bien; ahora nos están acabando”, declaró el líder achuar, visiblemente consternado. La población enfrenta lesiones en la piel, hinchazones, dolores crónicos y casos severos de enfermedades hepáticas como la cirrosis.
Sin acceso a agua potable ni a centros de salud implementados, las comunidades se ven forzadas a consumir el agua contaminada del propio río. “¿De dónde vamos a tomar? No tenemos pozo artesiano”, lamentó Espinar.
El Estado, denuncian los líderes indígenas de estas comunidades, ha abandonado completamente la zona. “Si esto hubiese pasado en Lima, ya se hubiese suspendido todo. Pero como vivimos lejos, no les interesa”, reclamó Espinar.
Video producido por Cuencas Sagradas, Salud con Lupa y FIAAP
Ni las autoridades locales ni nacionales han brindado una respuesta proporcional a la magnitud del desastre. “Nosotros también somos hijos del Estado. ¿Por qué no se preocupan por nosotros?”
Ya en noviembre de 2024, un reportaje de Mongabay Latam advertía sobre la gravedad del derrame, señalando que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) había identificado una extensión de contaminación seis veces mayor a la reportada por Petroperú.
Mientras la empresa estatal habló de 3 000 metros cuadrados afectados, OEFA determinó que el petróleo se había dispersado por más de 18 000 metros cuadrados, alcanzando el cauce del río Pastaza, la vegetación ribereña y al menos 11 comunidades indígenas.
Los testimonios recogidos entonces ya hablaban de peces y cangrejos muertos, aguas contaminadas, y familias sin alimentos ni agua segura. “Nuestro pueblo se está enfermando”, había advertido Senar Wilfredo Irar Cisneros, en ese momento presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP).
El Gobierno debe asumir con urgencia su responsabilidad: abastecer con agua y alimentos a las comunidades afectadas, implementar centros de salud con personal capacitado, y garantizar el acceso a sistemas seguros de agua potable. La situación ya no es solo ambiental; es una crisis de derechos humanos.
“Nos quieren acabar”, denunció Jacob Espinar. El derrame del río Pastaza no solo ha dañado el ecosistema: está cobrando vidas, está enfermando a poblaciones enteras, y está dejando en evidencia un abandono estructural que pone en peligro la existencia misma de los pueblos originarios.
