El último 12 de marzo, el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación (con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones) la modificatoria de la Ley N.° 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Ello, a pesar de los diversos y sustentados pronunciamientos y cartas de rechazo debido a la manifiesta inconstitucionalidad de la modificatoria propuesta.
Dicha medida busca imponer limitaciones, además de criminalizar y censurar la labor de las organizaciones indígenas y organizaciones de sociedad civil que defienden el ejercicio de los derechos humanos en el Perú con el manifiestamente falso y notoriamente antojadizo argumento de falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte de dichas organizaciones.
Resulta especialmente grave considerar “infracción muy grave” y “uso indebido” de los recursos que las organizaciones asesoren y promuevan acciones “administrativas, judiciales o de otra naturaleza” a nivel nacional e internacional “contra el Estado peruano”. Esto constituye una manifiesta y arbitraria restricción del ejercicio del derecho de acceso a la justicia ante instancias internacionales (reconocido en tratados internacionales como el caso de las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) frente a la violación de los derechos humanos fundamentales en general y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en particular.
Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), reiteramos nuestro RECHAZO a esta medida arbitraria, restrictiva y antidemocrática. Asimismo, EXIGIMOS que el Poder Ejecutivo observe esta autógrafa de ley.
