Durante la audiencia temática “Afectaciones a derechos de pueblos indígenas por actuación de las industrias extractivas en Perú”, realizada el martes 4 de marzo en el 192° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los líderes indígenas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) denunciaron la promoción de hidrocarburos en las reservas de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), áreas naturales protegidas y territorios indígenas sin consulta previa.
Julio Cusurichi, miembro del consejo directivo de AIDESEP, denunció que más de 4 millones de hectáreas de territorios indígenas están siendo amenazadas por las áreas promocionales de exploración y explotación petrolera impulsadas por el Estado peruano. “El Ejecutivo y el Congreso priorizan la actividad petrolera sobre la vida de los pueblos indígenas, sin consulta ni respeto por nuestros derechos”.
Asimismo, advirtió que la falta de consulta y la superposición de concesiones ponen en grave riesgo a los PIACI, cuyo principio de intangibilidad está siendo vulnerado.
“No estamos en contra del desarrollo, pero sí exigimos que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el derecho a decidir sobre nuestros territorios”, añadió Julio Cusurichi.
Por su parte, Miguel Guimaraes, dirigente de AIDESEP, denunció el asesinato de más de 35 defensores indígenas y la continua amenaza que enfrentan las comunidades debido a la tala y minería ilegales, el narcotráfico y los derrames de petróleo sin remediación. “Mientras tanto, el Estado aprueba normas que ponen en riesgo nuestra existencia”.
Asimismo, alertó sobre la promoción de las áreas petroleras en eventos internacionales, sin consulta ni consentimiento de los pueblos afectados. “Se firman convenios de evaluación técnica sin transparencia, y se realizan reuniones descentralizadas sin nuestra participación”.
Nelsith Sangama, también del consejo directivo de AIDESEP, denunció el profundo impacto de las actividades extractivas en las mujeres indígenas y sus familias.
Señaló que las comunidades nativas enfrentan una crisis social, económica y ambiental, donde la contaminación afecta los cultivos y pone en riesgo la salud y educación de los niños.
“Los productos que siembran ya no producen como antes y muchas veces producen en las tierras contaminadas y los hermanos consumen y terminan enfermándose”, denunció Sangama.
Resaltó que el gobierno no solo ignora esta situación, sino que incentiva políticas que amenazan la existencia de los pueblos indígenas. Exigió que se visibilice esta realidad y se tomen acciones urgentes para garantizar la paz y tranquilidad en sus territorios.
Asimismo, Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), denunció la vulneración de derechos indígenas, incluyendo la salud, el territorio, la consulta previa y el acceso a la información, así como el incumplimiento de convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Cabe destacar que la audiencia fue solicitada por AIDESEP y DAR.
Finalmente, el abogado César Ipenza alertó sobre la superposición del área promocional XCII en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde las actividades extractivas están prohibidas por ley, lo que representa una grave vulneración de la normativa ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas.
Pese a las evidencias presentadas, los representantes del Estado peruano no respondieron de manera clara sobre los puntos expuestos por AIDESEP como la consulta previa y la superposición de concesiones en territorios indígenas y reservas PIACI.
En esa misma línea, el comisionado Arif Bulkan solicitó al Estado peruano presentar información por escrito sobre las medidas adoptadas, aclarando que su intención no es extralimitar la soberanía del país, sino avanzar hacia acuerdos conjuntos.
