Declaratoria: Rechazamos campaña antiderechos que busca socavar la estructura organizativa de los pueblos indígenas, desprestigiar y reprimir nuestras luchas

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) junto a nuestras 9 organizaciones regionales y los Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA) que suscribimos este documento nos declaramos en asambleas permanentes de emergencia para decidir acciones frente a la campaña de agresión   a las organizaciones indígenas promovida por grupos de poder y colectivos antiderechos. En ese sentido, manifestamos que:

1. Denunciamos la campaña de desprestigio y apología al odio que es impulsada a través de ciertos  medios de comunicación y redes sociales de manera recurrente, cuyo único propósito es socavar las estructuras organizativas del movimiento indígena amazónico y restringir la vigencia y defensa de nuestros derechos fundamentales que tenemos los pueblos indígenas, que están reconocidos en la normativa nacional y tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros.

2. Rechazamos las medidas normativas aprobadas por el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, que legalizan actividades ilícitas, provocan la devastación de la Amazonía y vulneran nuestros derechos colectivos. Medidas que flexibilizan normativas ambientales y favorecen la depredación como la “ley antiforestal”, la ampliación de los plazos para realizar actividades mineras sin fiscalización administrativa (REINFO) y el debilitamiento del control sobre  explosivos y sobre el crimen organizado, atentan contra nuestra existencia física y cultural porque facilitan el despojo de nuestros territorios ancestrales, afectan nuestros medios de subsistencia y aumentan la violencia y los crímenes contra nuestras organizaciones, líderes y lideresas.

3. Demandamos al Estado que cumpla su rol y compromiso de garantizar nuestros derechos y deje de promover dichas medidas normativas que lesionan y dañan nuestros territorios ancestrales, ríos y biodiversidad, y que solo favorecen a las mafias de crimen organizado que han penetrado y capturado diferentes niveles del Estado, nacional o regional, y que ponen en riesgo nuestra supervivencia ante la ineptitud de las autoridades.

4. Rechazamos las declaraciones de ciertos funcionarios públicos y representantes de grupos políticos que niegan la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), pese a su reconocimiento legal, con la finalidad de impedir la implementación de las reservas indígenas para su protección. Esta narrativa genera un grave riesgo para la vida de los PIACI, pues busca promover la tala maderera, falsamente “legal” o abiertamente ilegal, y otras actividades extractivas al margen de los derechos fundamentales y territoriales de estos pueblos. Como ya hemos advertido, hay algunos congresistas que continúan generando desinformación con la finalidad de obstaculizar las medidas de protección para los nuestros hermanos en aislamiento, lo que configura en pruebas de delitos de inducción al etnocidio que tarde o temprano debe ser sancionado.
5. Exigimos a las entidades del Estado que garanticen nuestra participación plena y efectiva en los espacios de coordinación interinstitucional. Esto para evitar lo que ocurrió el año pasado con la llamada “Cumbre del engaño”, convocada por la Defensoría del Pueblo, y las reuniones derivadas de esta que solo buscan dividir y desprestigiar las organizaciones legítimas. Demandamos que en este tipo de espacios se verifique la representatividad de cada organización para atender las necesidades y demandas reales de los pueblos indígenas amazónicos, y que se deje de atender a cualquier grupo con intereses personales. Es urgente el cese de esos atropellos e irregularidades que buscan desestabilizar a las organizaciones indígenas que, desde hace décadas, tenemos reconocimiento y trayectoria por nuestros logros en la defensa de la agenda indígena.

6. Reafirmamos que AIDESEP es una organización indígena representativa con sustento territorial, que responde a la voluntad colectiva de los pueblos indígenas amazónicos. En ese sentido, las demandas y necesidades que defendemos están vinculadas en estricto a la defensa de los derechos indígenas fundamentales y colectivos. Además, nuestro trabajo es permanentemente fiscalizado por la opinión pública, nuestras asambleas de base, los controles estatales y las auditorías de la cooperación. Por ello, rechazamos categóricamente la narrativa que pretende identificarnos como una organización que solo responde a intereses particulares o individuales distintos a la agenda indígena.

7. Denunciamos las medidas normativas que vulneran el derecho de los estudiantes indígenas al pretender imponer la asignación de docentes monolingües a plazas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Es urgente la cancelación inmediata de normativas que debiliten la EIB, garantizando que dichas plazas sean ocupadas por profesionales con conocimientos de lenguas y culturas originarias. Asimismo, necesitamos que se promueva la formación de más docentes bilingües capacitados para atender la gran demanda que tenemos en nuestras comunidades para brindar una educación de calidad y con pertinencia cultural a nuestros hijos e hijas.

8. Rechazamos enérgicamente la campaña que pretende desprestigiar a AIDESEP y nuestras bases regionales, buscando justificar intervenciones y medidas represivas contra nuestras organizaciones. En los últimos meses, hemos sido testigos de un acelerado debilitamiento de garantías esenciales relacionadas a nuestros territorios ancestrales, autonomía, consulta previa y derechos lingüísticos, lo que representa una grave amenaza a nuestra existencia y formas de vida. ¡Alto a la criminalización de las organizaciones que defendemos derechos!

9. Reiteramos nuestro rechazo al Dictamen aprobado de la Ley Mordaza (Proyectos de Ley 6162, 6252, 7140, 7354, 7367 y 7505/2023), que modifica la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que proponen criminalizar y disolver a las organizaciones indígenas representativas y de la sociedad civil, y que restringen nuestro derecho a la libertad de expresión cuando denunciamos las violaciones a los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos indígenas amazónicos. Propuestas de esta naturaleza son antidemocráticas y pretenden imponer medidas institucionales para censurar a los pueblos indígenas amazónicos y suprimir nuestras luchas y demandas históricas.        

10. Pedimos el respeto irrestricto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, asegurando el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la protección efectiva de los PIACI, garantizando el principio de no contacto.

11. Convocamos a las comunidades nativas, federaciones y organizaciones regionales asociadas a AIDESEP, así como a los Gobiernos Territoriales Autónomos a declararse en estado de alarma y asambleas permanentes de emergencia para analizar la grave situación nacional y evaluar, decidir y preparar las acciones que la situación requiere.

12. Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales, a los organismos de derechos humanos y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes ante esta escalada de vulneraciones y a sumarse a la defensa de la democracia y equilibrio de poderes en el Perú, sin los cuales, será imposible la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas. Nunca más dictaduras ni violencia contra los pueblos.

¡No permitiremos que sigan vulnerando nuestros derechos!

¡Emergencia organizativa para decidir las acciones de respuesta a la agresión!

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