La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades nativas, expresa su rotundo rechazo al accionar de la Defensoría del Pueblo, presidida por Josué Gutiérrez, que promueve una Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, que se realizará del 25 al 29 de noviembre en la ciudad de Pucallpa, sin la participación de las organizaciones indígenas representativas y legítimas. Al respecto:
- Rechazamos esta cumbre convocada por la Defensoría del Pueblo, que es organizado conjuntamente con la Contraloría General de la República y el Congreso de la República. Este evento no ha sido convocado con las organizaciones que representan a los pueblos indígenas amazónicos. Y, por el contrario, pretende realizarse con la participación de organizaciones paralelas que solo buscan debilitar y dividir al movimiento indígena, y que son contrarias a la lucha por nuestros derechos fundamentales y la defensa de la Amazonía.
- Condenamos la inclusión de ONAJEPINC, una organización que posee antecedentes alarmantes y tendría vínculos con actores externos que promueven intereses que atentan contra nuestros territorios y derechos, poniendo en peligro la integridad y autonomía de nuestros pueblos. A la luz de estos hechos, pedimos un deslinde inmediato de la Defensoría del Pueblo frente a dicha organización y sus actividades.
- Respaldamos los pronunciamientos de nuestras bases: la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) en contra de la Defensoría del Pueblo por esta falta de respeto a las organizaciones indígenas representativas, lo que también viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y lamentamos que la Defensoría del Pueblo desconozca apropósito a las organizaciones indígenas como AIDESEP y nuestras bases.
- Reiteramos nuestra condena al Congreso, que coorganiza este evento, porque está aprobando leyes inconstitucionales, como la Ley Antiforestal, Ley CAD y otras, sin respetar el derecho a la consulta de medidas legislativas. Este accionar tiene terribles consecuencias en nuestros territorios.
- Lamentamos que la Defensoría del Pueblo no haya interpuesto demandas de inconstitucionalidad contra esas leyes lesivas y aberrantes aprobadas por el Congreso y, por el contrario, venga proponiendo eventos que vulneran los derechos de los pueblos indígenas. Le recordamos al defensor de que sus deberes encargados por nuestra Constitución Política y el marco jurídico que respalda los derechos de los pueblos indígenas como el Convenio 169 de la OIT.
- Alertamos a nuestras bases, entidades públicas, sociedad civil, embajadas, instancias internacionales y aliados de no dejarse sorprender por las acciones de la Defensoría del Pueblo que demuestra su interés en dividir nuestra estructuras organizativas y principios de representatividad, lo que ha sido puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, sin respuesta a la fecha.
Desde AIDESEP, destacamos nuestra posición respecto a la obligación de la Defensoría del Pueblo de convocar a los pueblos y comunidades indígenas, y, de igual manera, de incluir de forma obligatoria a las organizaciones representativas en cualquier tipo de espacio de diálogo que trate sobre nuestros derechos y necesidades.
Consejo Directivo de AIDESEP.
