La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización que representa a la mayoría de las comunidades indígenas amazónicas, declaró el pasado mes de julio el estado de emergencia permanente en la Amazonía peruana tras el hallazgo del cadáver torturado y asesinado del líder katakaibo Mariano Isacama, en la región Huánuco.
En un pronunciamiento público, la organización anunció que además de las medidas de autoprotección territorial que han empezado a adoptar, iniciarán una campaña internacional para lograr apoyo de la comunidad internacional, especialmente de los países compradores de madera, oro y cocaína, empujando por incluir sus territorios al centro de las estrategias de lucha contra el crimen organizado en toda la Amazonía.
En este espacio internacional, por primera vez en su historia, dos líderes indígenas peruanos tomaron la palabra en la Plenaria de la 12° Conferencia de las Partes para la Conversación de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional que se inauguró el lunes 14 de octubre, en la Sede de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y delito (ONUDD) en Viena, Austria.
Los reconocidos defensores indígenas, Miguel Guimaraes (vicepresidente de AIDESEP) y Herlin Odicio, vienen participando en reuniones con las representaciones diplomáticas de los Estados Parte, en las que buscarán llamar la atención sobre la relación entre el tráfico de tierras, como catalizador de la destrucción que sufren los territorios indígenas, a manos de la minería ilegal, el tráfico de madera y el narcotráfico. Además, plantean una colaboración más estrecha para mejorar los mecanismos de protección para defensores indígenas amenazados, con un enfoque de protección comunitaria.
La delegación inicia su trabajo pocos días después de que el defensor indígena Gerardo Keimari Enrique, del pueblo Matsiguenga, fuera hallado muerto el 7 de octubre en el río Madre de Dios, cerca de su territorio ancestral. Keimari había recibido amenazas de parte de hombres armados, quienes le advirtieron que su territorio sería tomado para una concesión forestal. Esto ocurrió en un área dónde se han detectado un incremento masivo de cultivos ilegales de hoja de coca, y donde hay reportes locales sobre la presencia de pistas clandestinas.
