En el marco de la indignación y las protestas de los transportistas que demandan acciones estatales para detener la impunidad y el avance del crimen organizado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades nativas, se une a esta lucha de los gremios, sindicatos, organizaciones sociales autoconvocadas, estudiantes y a la ciudadanía peruana para protestar en contra de este Estado que ha sido tomado por políticos y funcionarios que contribuyen a esta crisis.
Alertamos que esta grave situación se ha generalizado a nivel nacional, no solo en las ciudades sino también en nuestros territorios, generando el asesinato impune de nuestros líderes indígenas defensores y protectores de la Amazonía, arrasando nuestros recursos naturales mediante su contaminación o sobre explotación, permitiendo que docentes abusen de nuestros niños y niñas indígenas sin sanción alguna, dejando que la corrupción y los intereses particulares tomen el control del país.
A dichos atropellos se suman las acciones atentatorias del Congreso de la República que debilitan instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía. Hasta la fecha no implementa la consulta previa legislativa, libre e informada y, por el contrario, continúa emitiendo leyes inconsultas que reforman la Constitución, así como la peligrosa Ley Antiforestal, y proponiendo proyectos de ley que provocarían el genocidio de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), o que incentivan la minería ilegal mediante procedimientos salvavidas como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que solo que perenniza la destrucción de extensos bosques, y permitir que sean arrasados para instalar monocultivos como la palma aceitera, que a largo plazo provocará que la selva se convierta en un desierto y la disminución del bioma disminuirá drásticamente las lluvias en los Andes.
A ello se suma la omisión y el retraso de los procesos de titulación de los territorios de los pueblos indígenas, las comunidades nativas y la creación de las reservas indígenas. Sin embargo, mientras estos procesos tardan hasta 20 años, las concesiones y titulaciones individuales son priorizadas y se realizan sin trabas de manera inmediata.
En este contexto de permanente emisión de leyes antiderechos, desde AIDESEP, nos unimos al reclamo de los transportistas, cuyas demandas son: la derogatoria de la Ley 32108, el cambio inmediato de los ministros del Interior y de Transportes por su ineptitud, el archivamiento de la ley de “terrorismo urbano” y los 16 proyectos de ley que lo complementan, ya que representan una justificación para reprimir más el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social y anulan las competencias del Ministerio Público para investigar y sancionar los delitos que atentan contra la criminalidad.
Asimismo, el poder Ejecutivo apoya la impunidad y la vulneración de nuestros derechos fundamentales, promoviendo el saqueo de nuestros recursos naturales, y poniendo en riesgo la integridad y seguridad de nuestros hermanos, así como limitando el acceso adecuado al ejercicio de nuestros derechos y la debida protección jurídica que merecemos.
Los pueblos indígenas enfrentamos constantemente la criminalidad en nuestros territorios ocasionada por las actividades extractivas y las economías ilícitas de las mafias dedicadas a la minería ilegal, el tráfico de tierras y las invasiones, que ya provocaron el asesinato de al menos 35 hermanos y hermanas indígenas en los últimos años. Estas muertes siguen impunes a pesar de nuestro clamor de justicia. Y lo peor es que no se toman medidas adecuadas para prevenir más muertes y proteger a los líderes que son amenazados. Simplemente los mecanismos estatales no están funcionando, y se necesita una reforma de la Policía Nacional, fortalecer la institucionalidad y autonomías necesarias del Ministerio Público y el Poder Judicial para la investigación del crimen organizado, que debe ser coordinada con las organizaciones indígenas y nuestras propias medidas de autoprotección.
Frente a ello, exigimos por acciones contundentes contra estas grandes mafias que ocasionan la depredación de los bosques, la trata de personas, los derrames petroleros y otros daños ambientales. Así como la construcción de infraestructura vial inconsulta, las pistas de aterrizaje clandestinas, la validación de las invasiones que generan la quema de bosques para cultivos y causan los incendios forestales inmanejables con grandes daños a la diversidad biológica y la pérdida de vidas humanas.
En el ejercicio de nuestro legítimo derecho de protesta levantamos nuestras voces contra estos atropellos y exigimos:
- La derogatoria de la Ley N° 32108, ley de crimen organizado, que protege a los delincuentes y criminales de todo tipo frustrando los allanamientos. A dicha ley se vinculan Ley 31751, que manipula los plazos de prescripción de los procesos penales; la Ley 32104 que obliga a los jueces a que acaten la ley 31751; la Ley 31990, que recorta los plazos en los procesos de colaboración eficaz; la Ley 31989, que impide la incautación de material de minería ilegal; la Ley 32054, que promueve la impunidad de los partidos políticos y los deja fuera de responsabilidad penal, y Ley 32017, que anula los crímenes de lesa humanidad cometidos durante 20 años y beneficia a terroristas y militares.
- La derogatoria del decreto legislativo N°1620, que privatiza el agua, y de la Ley 31973, más conocida como Ley antiforestal, que atenta contra la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas.
Si bien la impunidad de la criminalidad urbana se ha agravado recientemente, una mucho más antigua es la que soporta la Amazonía por décadas y ambas tienen como núcleo a los políticos mafiosos en el poder. Lima reacciona recién cuando la tocan, falto de empatía y todos debemos aprender a defender al Perú. No habrá paz en Lima si no la hay en todo el país y, en específico, en la Amazonía.
¡Exigimos acciones contundentes para frenar la impunidad y el crimen organizado en todo el Perú!
Consejo Directivo de AIDESEP.
