Proyecto de ley presentado por Renovación Popular será debatido en el Pleno el miércoles 9 de octubre.
Una vez más, el Congreso de la República plantea una medida legislativa que amenaza a los derechos de los pueblos indígenas. Para este miércoles 9 de octubre se ha programado el debate en el Pleno del proyecto de ley N° 6290/2023-CR, presentado por el congresista del Grupo Parlamentario Renovación Popular, Alejandro Muñante.
El citado proyecto de ley busca modificar el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 31307 – Nuevo Código Procesal Constitucional y se suma al paquete de leyes y medidas antiderechos promovidas por el Legislativo y Ejecutivo. Lo que busca esta propuesta normativa es limitar gravemente la protección de los derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas, al restringir la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El proyecto de ley 6290, que ya ha sido aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso, propone que las sentencias de la Corte IDH solo sean vinculantes en casos en los que el Estado peruano haya sido parte. Esto representa un peligroso retroceso porque muchas de las decisiones de este tribunal han establecido estándares de protección de los derechos de los pueblos indígenas para toda la región en casos en los que el Estado peruano no fue parte de los procesos.
Impacto en los derechos de los pueblos indígenas
Al respecto, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) alerta que esta medida afectará directamente a los pueblos indígenas, que dependen de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y de los pronunciamientos del Sistema Interamericano para defender sus territorios, recursos y cultura.
La Corte IDH es un órgano clave en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Dictó sentencias emblemáticas para desarrollar las obligaciones derivadas de normas internacionales de los Estados para la protección de los derechos indígenas.
Uno de los principales mecanismos de defensa de los derechos humanos en el Perú es el control de convencionalidad, que permite a los jueces peruanos inaplicar leyes nacionales y actos administrativos que contradicen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como garantizar la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo las sentencias de la Corte IDH.
Sin embargo, este proyecto de ley restringe la capacidad de los jueces para ejercer el control de convencionalidad, debilitando las herramientas legales que protegen los derechos fundamentales de los pueblos indígenas frente a abusos y violaciones a sus derechos por parte del Estado y particulares.
Cumplimiento de obligaciones internacionales sobre derechos indígenas en riesgo
Recordemos que la Corte IDH desde el año 2001 ha dictado sentencias que protegen los derechos indígenas, destacando las obligaciones para que los Estados respeten y garanticen la propiedad sobre sus territorios. Resaltan las obligaciones de delimitación, demarcación, saneamiento y titulación de los territorios ancestrales cuando en el Perú existe una gran brecha en esta materia.
También destaca la obligación del Estado de abstenerse de otorgar medidas administrativas hasta que garantice previamente la titulación de los territorios ancestrales. Los derechos a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado también fueron desarrollados por la Corte IDH en varias sentencias, así como la obligación de realizar los estudios de impacto ambiental de proyectos extractivos.
La relación espiritual que mantienen los pueblos indígenas con sus territorios también fue reconocida por la Corte IDH, en un contexto en el que las diversas formas de explotación ilícita en los territorios indígenas la omiten. En el mismo sentido, el derecho a la reivindicación de los territorios ante situaciones de desplazamiento forzado por actores estatales y particulares también fue reconocido.
Precedente preocupante para la justicia y los derechos humanos.
El Proyecto de Ley 6290 está en contra de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, que ha reiterado en múltiples ocasiones que las decisiones de la Corte IDH son vinculantes para todos los poderes públicos del Estado, y que su aplicación no se restringe a los casos en los que el Perú ha sido parte.
Desconocer estas sentencias podría generar una brecha de protección que dejaría desamparados a los pueblos indígenas frente a la explotación ilegal en sus territorios, la vulneración de sus derechos ancestrales y la falta de acceso a la justicia.
Por lo tanto, AIDESEP como la principal organización indígena nacional insta a las organizaciones indígenas defensoras de derechos humanos y a la sociedad civil en general a pronunciarse y actuar de manera inmediata para detener esta amenaza porque representa un grave retroceso en la lucha por la protección de los derechos indígenas.
Es vital que los derechos consagrados en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la interpretación de los derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sigan siendo una barrera efectiva frente a la impunidad y los abusos, y que se continúe fortaleciendo el acceso a la justicia internacional para los pueblos indígenas en el Perú.
