Entre los días 19 al 22 de agosto, 9 representantes del Consejo Consultivo de las Organizaciones Indígenas de los Territorios del Putumayo, Napo y Bajo Amazonas y de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO de Loreto visitaron la ciudad de Lima para sostener reuniones con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, la Secretaría de Gestión y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representantes del Congreso de la República y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
El motivo de la incidencia indígena fue socializar y comunicar la creación la Plataforma de Organizaciones Indígenas para Infraestructura Sostenible en Loreto y manifestar la profunda preocupación de las organizaciones indígenas de Loreto por la construcción de la carretera Bellavista – Mazán – Salvador – El Estrecho, que se está promoviendo de espaldas a la opinión y a los derechos de los pueblos indígenas. Hasta este momento, el Estado Peruano no está generando ningún marco de confianza y de protección a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas frente a este proyecto.
Los representantes indígenas reiteraron ante el Estado que no hay transparencia en el proceso de consulta, ni previamente al desarrollo de los expedientes técnicos para la vía, ni en los procesos de diseño del proyecto. Se sigue trabajando con información recogida hace más de 14 años y que no considera los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que los bosques que
sustentan la vida, cultura y futuro de los pueblos Maijuna, Kichwa, Bora, Yagua, Ocaina, Murui, Secoya y Ticuna, y que se encuentran en las Áreas de Conservación Regional Maijuna Kichwa (ACRMK), Ampiyacu Apayacu (ACRAA) y la propuesta de ACR Medio Putumayo Algodón serían destruidos por la mencionada carretera.
El Consejo Consultivo de las Organizaciones Indígenas de los Territorios del Putumayo, Napo y Bajo Amazonas, junto a ORPIO y AIDESEP, están plenamente dispuestos al diálogo con el Estado, siempre y cuando éste se dé en el marco del respeto a los procesos legales vigentes, y el respeto a la vida y la dignidad de los pueblos indígenas de la región Loreto.