La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), principal organización indígena que representa a 2439 comunidades, 109 federaciones y 9 organizaciones regionales, expresa su preocupación y tajante rechazo ante el nuevo intento del Congreso de la República de criminalizar, sancionar y restringir el trabajo de las organizaciones de sociedad civil e indígenas por la defensa de derechos fundamentales.
La semana pasada, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó, por mayoría, el dictamen sobre los Proyectos de Ley 6162, 6252, 7140, 7354, 7367 y 7505 de 2023 que buscan modificar la Ley n°. 27692 – Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta iniciativa legislativa representa un gran peligro porque pretende sancionar y restringir de manera arbitraria las acciones de promoción y defensa de derechos humanos de las organizaciones que forman parte de la cooperación internacional. Frente a ello:
- Rechazamos el Dictamen de la mencionada Comisión, presidida por el fujimorista Alejandro Aguinaga, porque propone cambios normativos que autoriza a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional a requerir la disolución de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil por el solo hecho de fiscalizar las vulneraciones a los derechos humanos cometidas por el Estado por acción u omisión. El Congreso pretende imponer sanciones administrativas desproporcionadas para anular las acciones de defensa de nuestras organizaciones.
- Manifestamos que la propuesta legislativa representa un grave riesgo a los derechos fundamentales a la libertad de asociación y reunión, expresión y participación reconocidos en la Constitución Política ya que pretende criminalizar y silenciar a las organizaciones, cuando defendamos nuestras posiciones por la protección de los derechos de los pueblos indígenas en los medios de comunicación.
- Alertamos que estos proyectos de ley plantean que las acciones de defensa de derechos humanos coordinadas con la cooperación internacional que sean consideradas por el gobierno de turno como “riesgosas” para el “orden público, la paz social y el estado derecho” deberán ser criminalizadas, cuando en la actualidad estos conceptos son tergiversados por las autoridades del Estado para silenciar las voces críticas.
- Señalamos que este es otro intento de ejercer control político y ha sido aplicado en regímenes antidemocráticos como una medida contra las organizaciones que denuncian el atropello a los derechos humanos para, con ello, suprimir los derechos fundamentales a la protesta a través de las movilizaciones sociales pacíficas.
- Exigimos al Congreso de la República el archivo inmediato de estas propuestas legislativas porque, de convertirse en leyes, serán utilizadas para promover el abuso, la arbitrariedad y la persecución a las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, así como la estigmatización de la defensa de derechos cada vez que expresemos libremente nuestras posiciones críticas ante los gobiernos de turno cuando les resulten incómodas o discordantes.
- Resaltamos que actualmente existen suficientes mecanismos de supervisión y transparencia que se activan ante el desarrollo de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, no solo por parte del Estado, sino también por parte de los fondos de cooperación y países donantes; sin embargo, estos no pueden ser tergiversados o utilizados para criminalizar, sancionar, perseguir y estigmatizar posiciones críticas contra las autoridades estatales porque se convertirían en actos propios de los regímenes antidemocráticos.
- Alertamos que, como en gobiernos anteriores, este representa un nuevo golpe que se suma al paquete de medidas legislativas contra los derechos indígenas y la Amazonía con el único fin de atentar contra la vida colectiva de los pueblos amazónicos y nuestros territorios ancestrales, tales como la Ley Antiforestal y el proyecto de ley que proponía la extinción de las reservas indígenas para pueblos en aislamiento y contacto inicial.
- Responsabilizamos al Congreso y al Ejecutivo de las acciones que realizaremos como movimiento indígena ante las disposiciones arbitrarias permanentes que vienen adoptando contra los pueblos amazónicos. Desde nuestros territorios, tomaremos las medidas que sean necesarias a nivel regional, nacional e internacional para defender los derechos indígenas ante cualquier acto de los poderes de turno que pretenda silenciar y reprimir nuestras voces y luchas.
- Hacemos un llamado a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otras, a las organizaciones nacionales indígenas, medios de comunicación y sociedad en general a mantenerse vigilantes frente a este nuevo golpe del Congreso, que se suma a otras medidas que atentan contra los derechos humanos y la defensa de la Amazonía.
¡Rechazamos la ley mordaza ciudadana!
