Vigilante de la OCDE admitió a trámite la denuncia presentada por las organizaciones indígenas contra Louis Dreyfus Company B.V.

En su primer caso abordando a un gran comercializador de aceite de palma, el Punto Nacional de Contacto de las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE ha ofrecido sus buenos oficios en el caso presentado por lideres y lideresas indígenas peruanos contra Louis Dreyfus Company B.V.

El 4 de setiembre, luego de realizar una evaluación inicial, el Punto Nacional de Contacto (PNC) de las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE de los Países Bajos determinó que la denuncia presentada contra Louis Dreyfus Company B.V. por los/las líderes y lideresas indígenas peruanos, con apoyo de ONG peruanas e internacionales, merece mayor consideración y por tanto, ofreció sus buenos oficios a las partes. Según la denuncia, la empresa holandesa está vinculada a proveedores de aceite de palma en Perú que están vulnerando derechos sobre territorios indígenas, además de venir operando en contravención de la legislación peruana.

Es la primera vez que el PNC de los Países Bajos aborda el presunto incumplimiento de las Directrices de la OCDE por parte de un gran comerciante de aceite de palma. Este caso se refiere a la relación comercial entre Louis Dreyfus Company B.V. y uno de sus proveedores de aceite de palma en Perú, el Grupo Ocho Sur, que opera en tierras de la Amazonía peruana que fueron apropiadas ilegalmente en contravención de normas nacionales e internacionales, y que forman parte del territorio ancestral de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya y del pueblo Shipibo-Konibo.

“La compañía ha estado contaminando y limitando la seguridad alimentaria de la comunidad por un buen tiempo. Estamos luchando hace mucho tiempo en Perú sin obtener justicia y seguiremos luchando en los Países Bajos”, dijo Graciela Reátegui, presidente de FECONAU.

Las plantaciones de palma aceitera operadas por Ocho Sur U y Ocho Sur P han provocado la deforestación ilegal de más de 12,000 hectáreas de selva amazónica, 91% de las cuales son bosque primario. A la fecha, dichas plantaciones de palma aceitera continúan operando sin certificaciones ambientales. Tras una evaluación del caso, el PNC de los Países Bajos ha concluido que el mismo merece mayor examinación y ha ofrecido sus buenos oficios señalando que:

“El trámite de esta notificación puede contribuir al logro de los objetivos de las Directrices y mejorar su eficacia, en el sentido que puede ayudar a clarificar, bajo las Directrices de la OCDE, las responsabilidades de los comerciantes de productos básicos que se proveen de aceite de palma en Perú, por los supuestos impactos negativos que tiene su cadena de suministro, directa o indirecta, sobre los derechos humanos y el medio ambiente”.

Adicionalmente, el PNC de los Países Bajos reconoció que la denuncia contiene información extensa y hace referencia a una amplia variedad de reportes de organizaciones internacionales y ONG sobre los impactos negativos a los derechos humanos y el medio ambiente relacionados con la industria de palma
aceitera en Perú y el rol de LDC como un gran comercializador de productos básicos que se abastece de aceite de palma.

Los líderes y lideresas indígenas de FECONAU y AIDESEP cuentan con el apoyo de una coalición de ONG peruanas e internacionales con amplia experiencia en temas de deforestación ilegal y cambio climático, derechos de los pueblos indígenas y responsabilidad empresarial: Forest Peoples Programme,
Instituto de Defensa Legal, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales – Kené, Agencia de Investigación Ambiental (EIA – Environmental Investigation Agency), y Center for Climate Crime Analysis – CCCA.

La coalición solicitó al PNC que aborde el impacto urgente, grave e irreparable que está sufriendo la Amazonía peruana a causa del daño empresarial. Asimismo, busca demostrar el preponderante rol de Louis Dreyfus Company B.V. y otros grandes comercializadores de commodities en el mercado mundial de productos agrícolas para promover el real cumplimiento de las normas de sostenibilidad.

Ahora, el PNC consultará con ambas partes si están dispuestas a participar en un proceso de mediación con el objetivo de acordar la mejor forma de abordar con éxito los temas materia de la denuncia.

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