El informe, elaborado por Roberto Espinoza presenta un análisis sobre los principales fondos climáticos en Perú y sus implicaciones para los derechos y propuestas de los pueblos indígenas amazónicos. Elaborado en 2021, el informe es más pertinente ahora que nunca, ya que Perú se encuentra en una etapa de promoción de fondos climáticos pro mercado de carbono y agronegocio verde, lo cual no es suficiente para frenar la deforestación ni garantizar la protección de los derechos y territorio colectivos de los pueblos indígenas.
En síntesis, el informe evidencia que las propuestas climáticas indígenas deben persistir e innovar para enfrentar los retos actuales, como el impulso del mercado de carbono y la promoción del agronegocio verde, y seguir asegurando la seguridad territorial indígena y la implementación de la REDD+ Indígena Amazónica (RIA) jurisdiccional.
El estudio evalúa en detalle algunos procesos y financiamientos internacionales que involucran a los pueblos indígenas en Perú, como la implementación de REDD+[1], el Programa de Inversión Forestal (FIP), la Declaración Conjunta de Intenciones (DCI), el Estándar ART TREES 2.0 y la Coalición Producción Sostenible. El informe observa:
- El FIP ha sido ineficaz en la ejecución de programas y ha excluido propuestas de los pueblos indígenas. Se sugiere vigilar su aplicación y presentar quejas por afectación de derechos indígenas.
- Sobre la DCI, se señala la importancia de cumplir con acuerdos sobre titulación territorial y cesar la conversión de bosques en terrenos agrícolas. Se sugiere incluir la REDD+ Indígena Amazónica (RIA) jurisdiccional en áreas indígenas y medir las toneladas de CO2e que absorben y remueven los bosques para así contribuir a una distribución de beneficios más equitativa.
- Por otro lado, desde la Coalición LEAF se busca movilizar fondos en el pago por resultados en la REDD+. Se plantea evitar que empresas se apropien de reducciones de emisiones y resaltar la importancia de reducir las emisiones reales de gases de efecto invernadero (GEI).
- Además, la Coalición Producción Sostenible ha generado controversias por promover la agrarización de los bosques amazónicos a través de la promoción de agronegocios y monocultivos con cadenas productivas libres de deforestación y conflictos de interés. Se sugiere resolver estas cuestiones y garantizar la inclusión y el respeto de los derechos indígenas.
Por lo analizado, el Estado central ha mostrado poca acción climática transformadora, y la toma de decisiones se ha ido generando a nivel local y sin armonía entre gobiernos regionales, empresas y organizaciones indígenas.
Sin embargo, existen alternativas para el fortalecimiento de los derechos indígenas, tal como la importancia de incluir la REDD+ Indígena Amazónica (RIA) jurisdiccional en áreas con territorios indígenas, así como medir y valorar las diversas funciones climáticas de dichos territorios , como la absorción de carbono y la regulación hídrica. En ese sentido, la Plataforma de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático también toma un papel clave a nivel subnacional. Las soluciones pueden encontrarse a nivel regional y subnacional, donde las pugnas entre deforestación y protección se resuelven y es justamente a esta escala, señala el informe, que el fortalecimiento de los derechos indígenas podría tener más oportunidades.
Las recomendaciones incluyen vigilar la aplicación de acuerdos para la titulación territorial y manejo forestal, presentar quejas ante mecanismos del Banco Mundial y el BID por afectación de derechos indígenas y violación de salvaguardas, detener la invasión violenta de colonos y cultivos ilícitos, y organizar la Plataforma de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático a nivel regional.
[1] Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
