Además, la organización hizo un llamado sobre la situación de violación de derechos humanos que se vive en el país desde diciembre, en el marco de la crisis política.
En el marco de la 78° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) envió una carta alertando sobre el peligro que representa el Proyecto de Ley n.° 3518/2022-CR contra los pueblos indígenas en aislamiento en el país. Además, el documento contiene información sobre la situación de vulneración de derechos humanos y los abusos cometidos desde diciembre en el contexto de crisis política y social actual.
La misiva fue enviada al relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Cali Tzay, y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
AIDESEP señala que el Proyecto de Ley n.° 3518/2022-CR representa un grave atentado contra la vida de los PIACI y generaría su genocidio pues propone, entre otros, facultar a los gobiernos regionales “determinar la revocatoria o extinción” de los reconocimientos oficiales de la existencia de los PIACI y las Reservas Indígenas, creadas a su favor. Así como “suspender toda acción relacionada con el reconocimiento de la existencia de los PIACI y el otorgamiento de categoría de reservas indígenas”.
Además, la organización indígena reitera la necesidad y urgencia de archivar “el nefasto proyecto de ley genocida n.°3518/2022-CR debido a que traería el exterminio para nuestros hermanos en aislamiento y contacto inicial”, señala la carta.
Es importante mencionar que el mencionado proyecto de ley no es la única iniciativa legislativa que viene siendo impulsada por el congreso actual y en plena crisis política y social.
Violación de derechos humanos en el país
Actualmente, Perú atraviesa uno de los momentos más difíciles de la historia reciente. Según el informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “hasta febrero de este años se registraron cerca de 46 ejecuciones extrajudiciales, 912 civiles heridos y al menos 65 fallecidos, incluyendo menores de edad, a causa del uso excesivo de la fuerza y la represión de las movilizaciones, sin un atisbo de que se vayan a realizar las investigaciones para establecer responsables”, detalla la carta dirigida a Cali.
En ese contexto, AIDESEP señala que la grave crisis que se vive en el país es el resultado de la desigualdad estructural y el racismo. Así como a la gran polarización del país: un grupo que cree en un futuro próspero gracias al modelo de desarrollo neoextractivista, superponiendo el beneficio de algunos sobre el colectivo. Y otro grupo que vive en carne propia la explotación de sus territorios, que históricamente ha sido silenciado y olvidado.
Por lo antes mencionado, la organización reitera el pedido a los organismos tutelares de derechos humanos a que intervengan de manera inmediata. “Además, reiteramos nuestra demanda de la renuncia inmediata de Dina Boluarte, el cierre de Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones para buscar una salida a esta crisis. No es posible que una persona sea asesinada por salir a protestar”, precisa.
Lee la carta completa aquí.
