El Consejo Étnico de pueblos Kichwas de la amazonía – CEPKA, representante de 33 comunidades nativas y campesinas del pueblo Kichwa de la región San Martin, creada para la defensa de derechos de la población indígena y del territorio tradicional del pueblo Kichwa de la Región San Martín se manifiesta ante la opinión pública para expresar lo siguiente:
- En la región San Martín no se ha titulado ninguna comunidad nativa desde el 2001 y las 03 comunidades que iniciaron su proceso de titulación en el 2013, hasta el momento, no lo han culminado. En el 2015, solo se asignó presupuesto para la titulación de 02 comunidades nativas; sin embargo tampoco esta meta ha sido cumplida. Por el contrario, DEVIDA y la Dirección Regional de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural avanzan rápidamente con la titulación de predios individuales, promoviendo la parcelación de las comunidades.
- El 5 de junio del 2015, en Tarapoto, las comunidades nativas de San Martin realizaron un paro masivo, con participación de más de 3000 Kichwas demandado la seguridad jurídica de sus territorios colectivos. El Acta de Tarapoto, firmada junto a representantes del Gobierno Regional, fue el acuerdo que suscribimos para encaminar algunas acciones necesarias para la titulación y el restablecimiento de nuestros territorios inscritos como propiedad del Gobierno Regional de San Martín.
- Sin embargo, algunas entidades del Gobierno Regional vienen obstaculizando el proceso de titulación de las comunidades nativas, impidiendo el desarrollo de las acciones de demarcación a cargo de la Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural. Este es el caso del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), administrador del Área de Conservación Regional “Cordillera Escalera” creada en el 2005 y que se superpone al territorio tradicional de las comunidades indígenas, y que ha impedido el ingreso de las comunidades nativas.
- El PEHCBM ha mal informado en diversas oportunidades a las comunidades a través de sus guardaparques y funcionarios afirmando que ese territorio no les pertenece y que su titulación será inviable, desalentando a la población a reconocerse como comunidades nativas bajo el argumento de que recibirán menos inversión pública. Denunciamos estos actos como actos de discriminación.
- Asimismo, la Autoridad Regional Ambiental (ARA), que se comprometió a definir los mecanismos de restablecimiento de territorios indígenas que fueron inscritos en registros públicos como propiedad del estado (creando las Zonas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas – ZOCRES), al considerarlos como “zonas de libre disponibilidad”, no ha dado hasta el momento una salida clara al problema.
- La ARA ha ofrecido las ZOCRE a las mismas comunidades nativas bajo la modalidad de concesiones de conservación. Sostienen que estas son una alternativa viable y rápida para asegurar nuestro territorio ante la falta de recursos económicos y las barreras burocráticas para la titulación, desconociendo y desinformando a la población indígena sobre la obligación del Estado de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad. En algunos casos, estas concesiones están generando conflictos de superposición entre comunidades hermanas.
- Asimismo, la ARA, a través de la Dirección de Gestión Territorial, ha emitido informes donde recomiendan que no se titule el ámbito de la comunidades nativas superpuesto al Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE), lo que está retrasando la titulación de nuestros territorios ancestrales.
- La falta de seguridad jurídica de nuestros territorios constituye un riesgo grave e inminente ante las constantes invasiones por parte de asociaciones, migrantes y en especial del Grupo Romero que deforestan los bosques para ampliar la frontera agrícola, principalmente, del monocultivo de palma aceitera.
- En la 16ta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas Frente al Cambio Climático, se acordó que para la implementación de mecanismos de reducción de emisiones provenientes de la deforestación, los países deberán garantizar 07 salvaguardas para asegurar su buen funcionamiento, las cuales incluyen el respeto a los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y su participación plena y efectiva. Sin embargo, el Consejo Regional ha aprobado la Ordenanza Regional N° 023-2014-GRSM/CR, propuesta por la ARA, que declara de interés regional los mecanismos de REDD+, sin consulta previa, cuando todavía no se ha asegurado la seguridad jurídica de los territorios indígenas.
- Por ello, desde CEPKA, nos mantenemos firmes en la defensa de nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas y apostamos por la construcción de una gobernanza territorial que fortalezca el diálogo intercultural para la construcción de alternativas frente al cambio climático. Siendo San Martín, una de las regiones que ha recibido mayor atención, financiamiento y apoyo técnico para la implementación de políticas de ordenamiento territorial, disminución de las tasas de deforestación y de mecanismos REDD+, es necesario asegurar que estos procesos no reproduzcan patrones de discriminación e incrementen las brechas de desigualdad social.
