Tras siete años, el organismo de justicia emitió sentencia que declara improcedente demanda de amparo.
Organizaciones indígenas del Pueblo Shipibo expresaron su sentir ante la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta en el año 2015 contra las empresas Ocho Sur y Plantaciones de Pucallpa, así como contra el Gobierno Regional de Ucayali por la vulneración de los derechos colectivos de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya.
“Improcedente no es igual a infundado, pues quiere decir que los demandantes disponemos de otras opciones legales para hacer valer nuestros derechos”, señala el pronunciamiento que también indica que el TC no ha desmentido las denuncias de la comunidad ni avalado la conducta de la empresa Ocho Sur. Por ello, consideran que la sentencia es una respuesta a medias y evidencia que el TC no cumple su rol de garantizar los derechos de los pueblos indígenas amazónicos.
Por otro lado, el documento manifiesta como algo positivo que la sentencia ordene la realización de audiencias públicas cada seis meses para asegurar el avance de la titulación de la comunidad, que la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali debe cumplir.
Ante la sentencia del TC, la comunidad acudirá a la vía internacional para hacer valer sus derechos y presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El pronunciamiento ha sido suscrito por el presidente de la comunidad Santa Clara de Uchunya, así como por autoridades de organizaciones indígenas de FECONAU, FECOMBU, FECIDPAM, ORDIM, ORAU, AIDESEP, COSHICOX, y líderes y lideresas del Pueblo Shipibo.
¡Justicia que tarda no es justicia!
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