“Situación actual de los ríos en Madre de Dios por la minería (foto Minem).”
Ante las constantes violaciones ambientales en la región Madre de Dios, la Contraloría General de la República pidió a la Autoridad Nacional del Agua – ANA suspenda todas las licencias dadas a 56 concesionarios para el uso de los recursos hídricos para la minería, pues en ninguno de los casos se ha cumplido con los mínimos estándares que exige la ley peruana para estos casos. De acuerdo a lo informado por la organización gubernamental, es que se adoptó esta decisión después que se revisó los expedientes del proceso de regularización de licencias otorgadas durante los años 2010 – 2011 y donde se encontró que en ninguno de los casos, se acreditó haber realizado el análisis de la calidad del agua de la fuente antes de su entrega en concesión, de manera que no se puede conocer su condición previa y los posibles efectos contaminantes luego de su uso en la actividad minera. 41 concesionarios no presentaron las certificaciones ambientales que garantizan la viabilidad de sus proyectos y 14 de ellos no sustentaron la posesión legítima de los predios en los que se desarrolla la actividad de explotación; situación que trasgreden las leyes vigente y se deben, principalmente, a las limitadas acciones de seguimiento, control y supervisión que la Administración Local de Agua Maldonado –unidad dependiente de la Autoridad Nacional del Agua– que realiza a los usuarios de recursos hídricos para este tipo de actividad extractiva. La auditoría también detectó que la población beneficiaria de la cuenca del río Madre de Dios se encuentra en riesgo consumir agua con niveles de mercurio, plomo y arsénico que superan los estándares de calidad ambiental. Además, tampoco realizó el cobro por concepto de retribución económica de las licencias de agua otorgadas para fines industriales, mineros y poblacionales, por lo que el Estado dejó de percibir alrededor de 604 mil 854 soles entre el 2010 y el 2011. La Contraloría determinó que la referida entidad no supervisó a los usuarios que obtuvieron los derechos de uso de agua. Esto ocasionó que no se instalaran los medidores para evitar el uso discrecional del recurso, por lo que no se puede comprobar si los volúmenes utilizados corresponden a lo autorizado en las licencias otorgadas.
