El Acuerdo de Escazú fue nuevamente archivado por el legislativo que da la espalda a las defensoras y defensores indígenas que a diario enfrentan amenazas de grupos dedicados a actividades ilegales en la Amazonía.
El pasado 11 de julio, con 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República archivó definitivamente la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.
Los legisladores ratificaron el dictamen negativo aprobado en octubre 2020, mediante el cual se archivó el Proyecto de Resolución Legislativa que propone ratificar el tratado internacional con el argumento de que es innecesario y “afectaría la soberanía del país en materia de administración de justicia”, tal como señaló el congresista fujimorista Carlos Bustamante, titular de la mencionada comisión.
De esta manera, una vez más el legislativo bloquea el Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es la protección de defensores, transparencia de la información, participación y el acceso a la justicia. Y que permitiría al país contar con instrumentos normativos efectivos de protección de los derechos y las vidas de líderes y lideresas indígenas ante el incremento de casos de asesinato y represalías en regiones amazónicas.
“Aún no existen mecanismos efectivos para defendernos, por eso mismo, que el Congreso no tenga en cuenta el Acuerdo de Escazú representa para nosotros una amenaza”, señaló el Apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP, quien en abril participó en la Primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, realizada en Chile.
El congreso sustenta su decisión en base a la existencia de mecanismos que, en la práctica, “no son más que letra muerta y no funcionan. Esto demuestra una vez la sistemática vulneración e incumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, desconociendo lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, precisa Jessica Quiroz, asesora legal de AIDESEP.
Vidas en riesgo
De acuerdo a la información del Sistema de Alertas y Acciones Tempranas (SAAT) de AIDESEP, al menos 23 hermanos y hermanas indígenas han sido asesinados en los últimos nueve años a manos de grupos dedicados a la tala ilegal, minería, narcotráfico, tráfico de tierras, entre otras actividades.
Sin embargo, existiría un subregistro y serían muchos más los casos de defensoras y defensores indígenas amazónicos que han perdido la vida.
Para enfrentar esta situación, articulados en AIDESEP, los pueblos indígenas de la Amazonía peruana han planteado medidas urgentes como la conformación de un ejército indígena y la inclusión de propuestas priorizadas en la Agenda Grande (AGA+).
En específico la propuesta 9 de la AGA+ señala la urgencia de articular con el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para garantizar el respeto de derechos colectivos de los pueblos indígenas, en base a los estándares internacionales y nacionales, priorizando la protección de la vida e integridad de los líderes y lideresas indígenas en situación de riesgo, en estrecha coordinación entre autoridades indígenas y autoridades estatales.
“Los líderes indígenas son asesinados porque justamente el territorio no está titulado y porque salen a defenderlo ante la presencia de narcotraficantes, taladores, mineros ilegales y otros”, señaló el Apu Jorge Pérez, presidente de AIDESEP, durante la presentación de la AGA+. Asimismo, agregó que es urgente que el gobierno haga funcionar todos los mecanismos legales y de protección en el terreno de los hechos.
Los pueblos indígenas amazónicos expresamos nuestra preocupación y alerta por el archivamiento del Acuerdo de Escazú. Esto es una nueva muestra de falta de voluntad política de un Congreso, que está de espaldas a la grave realidad que enfrentan los líderes y lideresas que defienden nuestros territorios ancestrales ante el avance de actividades ilegales.
¿Cuántas vidas más se tienen que perder para que el Estado realice acciones efectivas de protección y defensa de nuestros derechos?
