Organizaciones indígenas presentan informe sobre situación de pueblos en aislamiento a relatora de la CIDH

La finalidad de la reunión con la Comisionada fue brindarle información actualizada para que luego se evalúen acciones correspondientes en el marco de su mandato como órgano autónomo internacional en materia de derechos humanos.

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El jueves 30 de junio, representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Iniciativa Cuencas Sagradas sostuvieron una reunión virtual con la Relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.

En dicho espacio, las delegaciones presentes expusieron la situación de vulneración de derechos de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y la campaña que busca derogar la Ley Nº 28736, ley vigente en nuestro país desde el 2006 para proteger a estos pueblos en extrema situación de vulnerabilidad.

“Nosotros somos enfáticos de que esta actitud va contra los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, y contra el derecho a la vida de los pueblos en aislamiento, que son altamente vulnerables”, manifestó el apu Julio Cusurichi, integrante del consejo directivo de AIDESEP y responsable del Programa PIACI.

Asimismo, el dirigente nacional señaló que no se trata de un tema económico, sino de la defensa de vidas. “Si se deroga la Ley PIACI, los empresarios madereros, mineros y otros van a entrar a los territorios y provocarían la muerte. Además, no solo hay pueblos en aislamiento en Perú, sino también en otros países y sería un mal antecedente”, precisó.

"AIDESEP y ORPIO están haciendo frente a una campaña demoledora encaminada a derogar la Ley PIACI, promovida por actores empresariales que tienen recursos, poder y muchos intereses en los territorios de los pueblos indígenas en situación de aislamiento", dijo Guisela Loayza, asesora legal de la Iniciativa Cuencas Sagradas, en referencia a los retos que enfrenta el movimiento indígena en la defensa de sus derechos y la de sus hermanos en situación de aislamiento y contacto inicial.

Concesiones forestales ilegales

Los equipos técnicos de AIDESEP, la Iniciativa Cuencas Sagradas y ORPIO también informaron que el Gobernador Regional además de respaldar la campaña para derogar la Ley PIACI, otorgó  47 concesiones forestales ilegales en los territorios de los pueblos en aislamiento que habitan en la Reserva Yavarí Tapiche y Yavarí Mirim, esta última en trámite de creación. De igual manera, hicieron hincapié en que la campaña contra la Ley PIACI es impulsada por una asociación privada que aglomera empresarios, algunos de los cuales cuentan con sentencias judiciales por casos de corrupción y delitos ambientales.

“La Ley forestal prohíbe otorgar concesiones forestales en áreas solicitadas para reservas indígenas y en reservas indígenas. Sin embargo, el Gobierno Regional de Loreto ha incumplido con esa prohibición y ha otorgado 47 concesiones forestales ilegales, que atentan contra los pueblos en aislamiento”, indicó Adam Bauer, especialista del Programa PIACI de AIDESEP.

Al respecto, Héctor Rodríguez, asesor legal de ORPIO, señaló que "las concesiones forestales superpuestas a áreas de reservas indígenas, y este tipo de colectivos unidos responden a un mismo propósito que es seguir abriendo camino para los negocios sin importar la sostenibilidad del medio ambiente y, por supuesto, sin importar la vida e integridad de los pueblos en aislamiento y de las comunidades nativas que viven alrededor de estos pueblos, de estas áreas que son muy lejanas a las ciudades, que suelen ser transfronterizas”, expresó  desde Loreto.

Es importante señalar que la finalidad de este espacio fue brindar información a la Comisionada para que luego, se evalúen acciones correspondientes en el marco de su mandato como órgano autónomo internacional en materia de derechos humanos.

Dato:

AIDESEP y ORPIO forman parte de la Iniciativa Cuencas Sagradas junto a otras 11 organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Perú y Ecuador, quienes unidos buscan la protección permanente de 35 millones de hectáreas de bosque amazónico, que es el hogar de 600 mil personas de 30 pueblos y nacionalidades indígenas.