Fenamad exigen liberación de dos hermanos indígenas encarcelados

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AIDESEP
[caption id="attachment_1883" align="alignnone" width="620" caption="El nuevo CD de la Fenamad visitaron a los hermanos indígenas detenidos para expresarles su apoyo."][/caption]Los siete pueblos indígenas base de la Fenamad, base regional de la Aidesep, exigieron la inmediata libertad de Andrés Moqui Mío y Julio Birika Tegne, detenidos el pasado 28 de enero e internados en el penal San Francisco de Asís de Puerto Maldonado por el simple hecho de haber defendido su territorio comunal. En un pronunciamiento público, los delegados de las 33 comunidades expresaron su preocupación y rechazo por la detención de estos hermanos del pueblo Harakmbut, por considerar que es un exceso en la administración de justicia y en el tratamiento legal que deben tener las poblaciones indígenas. Señalaron que la decisión de la Sala Penal Transitoria de Tambopata es una clara muestra que las instituciones del Estado desconocen las leyes internacionales que protegen sus derechos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Específicamente el Art. 10 numeral 2 del Convenio 169 con Rango Constitucional en el Perú reconoce que las autoridades que administran justicia deben de preferir otro tipo de sanciones distintas a la prisión o detención en el caso de procesos judiciales contra indígenas los cuales requieren de protección especial. También responsabilizaron al Poder Judicial por el estado de salud de los hermanos indígenas quienes provienen de una comunidad alejada y desconocen los procedimientos judiciales. “Consideramos que es una manera arbitraria y abusiva de resolver un problema de los hermanos indígenas los que requieren de un tratamiento especial en la aplicación de la justicia”, expresó la abogada Yolanda Cruz, asesora legal de la Fenamad, quien presentó una acción de hábeas corpus y se reunió con el magistrado que verá el caso a fin de agilizar la libertad de los indígenas ya que la audiencia para ver su situación legal ha sido fijada todavía para el 14 de febrero. Esta situación sucede porque el 2004, Foncodes decidió abrir una trocha carrozable sin consultar a la comunidad de Puerto Luz que se opuso a dicha acción. Birika como presidente de Puerto Luz y Moqui como gobernador, fueron denunciados y se les abrió un proceso penal por delito de daño agravado. En agosto del 2009, el PJ les revocó la medida de comparecencia. Sin embargo, los denunciados no fueron notificados del hecho. Es así que el 28 de enero cuando llegan a Puerto Maldonado para participar en el Congreso de la Fenamad, fueron detenidos.