“Congresista Verónika Mendoza junto a mujeres indígenas.”
Luego de la advertencia que hiciera la Organización de las Naciones Unidas – ONU sobre los peligros que afronta la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros ante la amenaza de ampliación del proyecto Camisea, la congresista Verónika Mendoza solicitó a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología con carácter de urgente para que se busque una respuesta inmediata y extraordinaria. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ha puesto la alerta solicitando al gobierno peruano que suspenda los trabajos para la ampliación de la explotación del Gas de Camisea pues ponen en peligro la vida y salud de pueblos indígenas aislados de la Reserva, cuyos miembros en el pasado ya han muerto de enfermedades transmitidas por el contacto con foráneos. Dicha reserva, establecida sobre territorios de Ucayali y Cusco, alberga comunidades indígenas que se han replegado al interior de sus territorios ancestrales ante el avance de la frontera extractiva la cual ahora vuelve a expandirse, poniéndolos en grave peligro. Por ello, la congresista Mendoza ha solicitado que el Ministro de Energía y Minas, el jefe del Indepa así como el Vice Ministro de Interculturalidad, den explicaciones a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República sobre esta alarmante situación. Pide informes, citando la comunicación de Naciones Unidas, en relación al posible impacto negativo de la ampliación de actividades del proyecto del gas de Camisea sobre pueblos indígenas aislados de la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti, y propone que el tema sea visto en Sesión EXTRAORDINARIA, dada la especial vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan dicha reserva y las inminentes amenazas a su vida y salud. De otro lado, la Congresista ha pedido que sea invitado el Ministro de Relaciones Exteriores para que dé cuenta de la respuesta oficial que se habrá de adoptar ante la invitación hecha al Estado peruano por parte del Relator James Anaya para investigar el impacto de las industrias extractivas sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, así como las razones del incumplimiento del Estado en presentar los respectivos Informes Periódicos que constituyen obligación internacional en el marco del artículo 9(1) la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial. “La población de la Macro Región Sur está a la expectativa de la construcción del Gasoducto Sur Andino y del uso de los hidrocarburos para el desarrollo industrial pero de ninguna manera esto puede significar que se vulneren los derechos de los pueblos indígenas ni mucho menos poner en riesgo su vida. El Estado debe promover el respeto al ambiente y a la vida” sostuvo. Leer carta a Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso.
