AIDESEP ADVIERTE SOBRE AMENAZA A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ANTE INMINENTE APROBACIÓN DE NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS

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Ante la inminente aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, que entre otros puntos pretende ampliar los contratos de los actuales operadores por 20 años más y de las nuevas operaciones hasta por 80 años, sin evaluación ni corrección de sus impactos sobre los pueblos indígenas, en el caso del Petróleo, Gas, Oleoducto y conexos, AIDESEP, plantea una serie de cuestionamientos, calificándola como Proyecto de Ley del Etnocidio y Ecocidio Hidrocarburífero. 


Entre las medidas cuestionadas por AIDESEP a este Proyecto de Ley N0 2145/2017-PE es que esta vulnera los derechos de los Pueblos Indígenas Amazónicos y el derecho a la Consulta Previa Legislativa prevista en el Convenio Internacional No 169 de la OIT al cual el Estado tiene la obligación de cumplir.


Además, la institución representativa de los Pueblos Indígenas alertó que esta actitud irresponsable de los congresistas de la Comisión de Energía y Minas, demuestran la vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas y la violación del sistema legal y la soberanía del territorio del Estado Peruano. De igual forma, frente a incidentes ambientales como derrames de petróleo, no se prevé la responsabilidad en el tema de restauración ambiental. 


Entre las medidas cuestionadas por AIDESEP y sus nueve regionales: ORAU, ARPI-SC, ORPIO, CORPI-SL, CODEPISAM, CORPIA, FENAMAD, ORPIAN Y COMARU y que han sido abordadas ampliamente en una Carta Abierta al Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, exigiendo Consulta Previa y Derogatoria del Proyecto de Ley N0 2145/2017-PE están:


a) Ampliar los contratos de los actuales operadores por 20 años más (Disposiciones Transitorias) y de las nuevas operaciones hasta por 80 años; sin evaluación ni corrección de sus impactos sobre los pueblos indígenas, en el caso del Petróleo, Gas, Oleoducto y conexos.

b) Imponer como juez y parte a Perú Petro en abierto conflicto de intereses, de ser el “vendedor” de lotes de hidrocarburos, el mismo que elabore la línea de base ambiental, rebajando las exigencias para aumentar las ganancias y afectando al Perú y nuestros pueblos.

c) Meter ambigüedades sobre el “daño ambiental”, ya que para anular un contrato al respecto, hay que demostrar que el daño es “real y muy grave a la salud de las personas” (art.87°) que puede llevar a interminables demandas judiciales de interpretación.

d) Rebajar los controles ambientales en la fase de exploración, sustituyendo el Estudio de Impacto Ambiental por una simple Declaración de Impacto Ambiental (Art.22°) que facilitaría muchos mayores impactos a pueblos y selvas con miles de kilómetros de línea sísmica, centenares de helipuertos y campamentos con miles de trabajadores y sus deshechos e impactos.

e) Exonerar a las empresas de pagar por sus daños sociales y ambientales, ya que ellos serán asumidos por un fondo estatal (Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental), sujeto a la “austeridad”  oficial y politiquería de siempre. (Art.87°-a).

f) Imponer la dictadura de la infraestructura dentro del lote de hidrocarburos sin pedir permiso a nadie, y menos  a quienes vivimos ahí siglos antes de que aparezca el Estado y empresas privadas.
g) Interferir  en  el rol de otras funciones del MINAM, OEFA SENACE, OSINERGMIN afectando las competencias los sectores mencionados.

h) Debilitar el rol de SENACE y la certificación ambiental lo cual afecta gravemente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es importante recordar al Gobierno Peruano y al Congreso de la República que nuestra amazonia y nuestros pueblos indígenas vienen enfrentando derrames de petróleo, ampliación de líneas sísmicas y helipuertos sin consulta, conflictos sobre servidumbres, contaminación de agua y suelos.