Insta a simplificar los procedimientos que permitan asegurar el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades.
Ya son 8 años desde que la función de saneamiento físico y legal de comunidades fue transferida a los Gobiernos Regionales (GORE) y, sin embargo, solo hay 256 comunidades tituladas de un total de 631.
Por esta razón, la Defensoría del pueblo, exigió que se realice la pronta revisión y modificación de la normativa que regula el reconocimiento y titulación comunal, pedido que es parte de las conclusiones del Informe de Adjuntía: “El largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas”. Este informe señala además que los GORE, no destinan un presupuesto que sea únicamente para la titulación de las comunidades, a excepción del Gobierno Regional de Puno.
La jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, señaló que pese al fortalecimiento en la rectoría del Ministerio de Agricultura y Riego en materia de titulación de comunidades campesinas y nativas durante los últimos años, este ha sido insuficiente para garantizar procedimientos eficaces y rápidos: “Por más de 30 y 40 años, estos procedimientos cuentan con más de 20 pasos, que pueden llevar a comunidades a esperar su titulación hasta por 20 años, mientras que otros actores obtienen derechos en cortos periodos, como es el caso del otorgamiento de concesiones forestales”, explicó.
Sobre el PTRT3
El proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras en Perú, Tercera Etapa – PTRT3” cuenta con recursos destinados a beneficiar a 10 regiones, lo que permitiría la titulación de 403 comunidades nativas de las cuales no ha sido titulada ninguna hasta el momento.
El plazo previsto para la ejecución y cumplimiento de este proyecto es el 2020, por lo que Nelly Aedo recomendó acelerar la implementación o, de lo contrario, solicitar una prórroga para que pueda ser debidamente ejecutado.
En este marco es importante resaltan la importancia y exhorta a autoridades a hacer los esfuerzos necesarios para:
1. Garantizar la propiedad de las tierras comunales.
2. El derecho central para la vida.
3. El desarrollo y la seguridad de los miembros de las comunidades.
Aidesep exhorta una vez más a tomar cartas en el asunto y poder cumplir con lo establecido, a fin de garantizar los derechos y seguridad de las comunidades.
