AIDESEP,14 de agosto, 2018.- El Consejo directivo de la AIDESEP invocó a las autoridades nacionales y en particular de Ucayali, atender las demandas de las comunidades indígenas de la provincia de Atalaya, que iniciarán el miércoles 15 de agosto un paro indefinido.
La medida de protesta busca dialogar e instalar una mesa concertada con el Estado y el sector privado para atender un conjunto de demandas desatendidas y que son de enorme prioridad para la población atayalina.
Una de las principales exigencias es que las empresas de hidrocarburos otorguen un bono de compensación a favor de las comunidades debido al intenso tránsito fluvial que ocasionan las operaciones logísticas del proyecto Camisea.
El tráfico fluvial no solo ha contaminado las aguas del río Ucayali y Urubamba, sino que además ha ocasionado la desaparición de los peces, que es la principal fuente de alimentación de la población indígena.
Otra demanda es revisar el convenio suscrito por el Estado peruano con las empresas trasnacionales a fin de destinar un 25 por ciento de las utilidades para beneficio de las comunidades indígenas que han visto deteriorado sus ecosistemas y la perdida sus fuentes de agua saludable.
También exigen la urgente atención de la población del pueblo Nahua de la comunidad de Serjali, a fin de conocer el origen y consecuencias de las enfermedades que padecen debido a la elevada presencia de mercurio en el organismo de la población.
Atropello forestal
Otras demandas se refieren a las concesiones forestales superpuestas al territorio ancestral de las comunidades y que depredan el bosque amazónico, así como las elevadas multas impuestas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).
Al respecto, proponen derogar o anular la medida regional que favorece la entrega de concesiones forestales con fines maderables por procedimiento abreviado en unidades ofertables del bosque de producción de Ucayali, lo que atenta contra la ecología y la disponibilidad de territorio de comunidades indígenas.
A ello se suman las exorbitantes multas a las comunidades impuestas por el OSINFOR y que consideran injusta, exageradas e impagables. Por este motivo, piden la condonación de las multas.
Ante el avance de la colonización y el narcotráfico demandan priorizar el reconocimiento y titulación de las comunidades a fin de fortalecer la seguridad jurídica amazónica; y asimismo activar los Comités de Autodefensa (CAD) como medida de control territorial.
Otra demanda territorial concierne a la necesidad de que se creen reservas comunales en la provincia de Atalaya a fin de cautelar el bosque amazónico y la biodiversidad que provee y que esencial para la subsistencia tradicionales de las diversas poblaciones indígenas.
Responsabilidad empresarial
Las organizaciones exigen el cumplimiento de la responsabilidad social a las empresas de hidrocarburos. Para esto demandan, respetar las tasas salariales de acuerdo a la legislación vigente, y contribuir a la promoción laboral priorizando la contratación de empresas comunales y atalayinas.
La decisión del paro se adoptó en una reunión realizada el 1 de agosto y en la que participaron las organizaciones más representativas de la región afiliadas tanto a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) como a la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).
En la reunión participaron las organizaciones indígenas: Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Atalaya (CORPIAA) y Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIAA) y las federaciones OIRA, FACRU, OIYPA, FARU, FECONADIS, FECONAPA, FEMIPA, entre otras.
