Conflicto de Atalaya podría trascender a otras regiones si no se aplican soluciones efectivas, advirtieron dirigentes y especialistas de Aidesep. Proponen instalación de Comisión Nacional que atienda y resuelva estos y otros problemas comunes a la Amazonía.
“Atalaya es un síntoma de un punto crítico al que han llegado los pueblos indígenas”.
Así lo advirtieron líderes indígenas amazónicos que así resumían la esencia del conflicto de la provincia de Atalaya (Ucayali), la cual viene desarrollando una movilización indefinida desde el 15 de agosto.
La medida de movilización está actualmente suspendida por la instalación de una mesa de diálogo con el Ejecutivo, que deberá cerrar el primer ministro César Villanueva el martes 28 de agosto.
En una conferencia de prensa convocada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), los directivos indígenas de la organización amazónica más importante del país, expusieron las demandas principales de Atalaya y advirtieron la inminencia de la expansión del conflicto a toda la Amazonía, si no se hallaban soluciones efectivas.
“No sería sorpresa que otras regiones también reaccionen, porque los problemas son los mismos”, refirió el Ing. Oswaldo Juep Danducho Equipo Técnico – AIDESEP del pueblo awajún.
Las principales demandas de Atalaya se relacionan con la derogación de la Ordenanza Regional 010, frenar los bosques de producción permanente (BPP), atención urgente al pueblo Nahua, enfermos por contaminación con mercurio, creación de una reserva comunal, así como la condonación de multas forestales impuestas a las comunidades nativas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR) y el destrabe de los procesos de titulación de las comunidades.
Respecto a estas dos últimas, dichas problemáticas se han visto aún más agravadas por la crisis de corrupción generalizada que actualmente impera a todo nivel del Estado, siendo los más golpeados por estos ilícitos las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas.
Esta corrupción extendida también a las regiones opera detrás de las concesiones forestales, el tráfico de tierras, la tala ilegal, y obstruyen la titulación.
La titulación es una larga deuda pendiente del Estado, siempre postergada con diversos pretextos como que no hay fondos para ello. Pero esto es inadmisible porque ahora existen suficientes fondos para la titulación y existe el riesgo que se despilfarren.
“Hoy no hay pretextos para atender las diversas demandas de las comunidades de Atalaya, considerando que hay 20 millones de dólares para esa zona, 12 del Fondo de Inversión Forestal (FIP) y 8 millones de la cooperación japonesa (Jica)”, remarcó el sociólogo Roberto Espinoza, asesor de Aidesep.
Oswaldo Juep remarcó el padecimiento de las multas a las comunidades nativas impuestas por OSINFOR, cuya deuda asciende a más de 50 millones de soles y cuyos jefes afrontan procesos penales.
“Es irresponsable por parte del Estado, como ente rector en materia forestal, no cumplir sus obligaciones de capacitación, asistencia técnica y freno a las mafias de tala ilegal, que debieron acompañar los planes forestales de las comunidades”, agregó Juep.
Juep remarcó que se incumplió con la Ley de Comunidades Nativas y su reglamento, que ordena primero capacitar a las comunidades. Asimismo, el reglamento forestal señala su acompañamiento.
Ante esta y otras problemáticas, la dirigente nacional Ruth Buendía, del pueblo Asháninka, dijo que esperan que el primer ministro César Villanueva acuda el 28 de agosto a Atalaya con el decreto que permita instalar una Comisión Nacional que atienda y resuelva estos y otros problemas comunes a la Amazonía, más aun considerando que días atrás se ha instalado una comisión sobre desarrollo amazónico que excluye totalmente a los pueblos indígenas.
Dicha comisión debe tener un mandato legal suficiente para retomar los planes y compromisos del Estado pendientes con los pueblos indígenas como los asumidos durante el gobierno de Valentín Paniagua (Plan de Acción para Asuntos Prioritarios-DS 021-2001-PCM y 072-2001-PCM) y los establecidos en la Mesa 4 de Desarrollo Amazónico (DS 117 y 211, del 2009-PCM, estos últimos dados tras el conflicto de Bagua.
Respaldo al referéndum
De otro lado, el dirigente nacional Richard Rubio, expresó el respaldo de AIDESEP al próximo proceso de referéndum, al cual incluso manifestó que apoyarían desde todas sus organizaciones afiliadas. Esperan que en el referéndum se incluyan demandas que fortalezcan los derechos de los pueblos indígenas como son una Ley General de Pueblos Indígenas que desarrollen lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, el Fondo de Economía Indígenas, el distrito electoral indígena, entre otras demandas para cerrar la deuda histórica con los pueblos indígenas en este Bicentenario.
